España llama a consultas a su embajadora en Nicaragua

El gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Nicaragua, luego de que en la víspera el canciller nicaragüense condenó la “inadmisible intromisión” de España en los asuntos del país

Bandera de Nicaragua. Imahen de archivo
30/09/2020
Bandera de Nicaragua. Imahen de archivo 30/09/2020 JESUS HELLIN / ZUMA PRESS / CONT

(AP). El gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández Palacio, el miércoles luego de que en la víspera el canciller nicaragüense condenó la “inadmisible intromisión” de España en los asuntos del país centroamericano y de cometer crímenes históricos.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, tomó la decisión luego de “graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones”, informó la cancillería en un comunicado emitido el miércoles, “así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales”.

Lo anterior en referencia a un comunicado emitido el martes por el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien denunció “la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de gobiernos democráticos”. Añadió que los gobiernos e instituciones españolas habían sido partícipes de “tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad”, y que “incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia”, al parecer refiriéndose a la postura de Madrid hacia el movimiento independentista catalán.

El gobierno español señaló que rechazaba la caracterización que el gobierno nicaragüense dio a sus políticas y se defendió diciendo que la nación centroamericana “atraviesa una profunda crisis política, económica y social” que estaba empeorando “como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega”.

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones nacionales el 7 de noviembre, en las que Ortega busca un cuarto mandato consecutivo. La semana pasada puso bajo arresto domiciliario a una candidata de oposición que buscaba la vicepresidencia y luego la dejó en libertad a la espera de las conclusiones de una investigación. España ha dicho que las elecciones no serán libres ni justas.

La semana pasada, la Unión Europea impuso sanciones a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo y a otros siete funcionarios de alto rango acusados de graves violaciones a los derechos humanos o de socavar la democracia. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar a Europa.

Estados Unidos también impuso restricciones de visado la semana pasada a 50 familiares directos de funcionarios nicaragüenses que, señaló, han estado involucrados o se han beneficiado de la creciente represión de Ortega. El viernes, el Departamento de Estado estadounidense dijo que entre los funcionarios afectados hay legisladores, fiscales y jueces.

La Cancillería de Nicaragua respondió al llamado a consultas a la embajadora española con otra nota oficial en la que ratificó lo afirmado en la anterior y arremetió contra el gobierno de España y “sus rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces”.

“En vista de su reiterada intromisión en asuntos nuestros, de inauditas pretensiones coloniales a 200 años de independencia, ratificamos y ampliamos lo dicho ayer, exigiendo igualmente a ese Reino cumplir con todas sus obligaciones en términos de derechos humanos y democracia”, señaló la nota.

Tras fustigar a “esa España que luce tan arrogante, jactanciosa y falsa”, Ortega “exigió” al gobierno de Pedro Sánchez “que cumpla con sus propios compromisos internacionales, sobre todo alrededor de tantos crímenes, ni reconocidos ni investigados, y todavía sin justicia para las víctimas”.

“Esta es la nueva nota que hemos hecho llegar a ese atrevido Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de España”, dijo la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo al leer el documento gubernamental en el noticiero de la televisión oficialista.