América Latina
Expresidenta de Bolivia sufre de síndrome ansioso depresivo
La exmandataria salió momentáneamente de la prisión en la que permanece desde marzo por cargos de conspiración, terrorismo y sedición, autoridades para la revisión médica
(AP). A una semana de que la justicia ampliara su detención preventiva por seis meses más en una cárcel, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue llevada a una revisión médica en la que le informaron que sufre de hipertensión arterial sistémica y síndrome ansioso depresivo.
La exmandataria salió momentáneamente el miércoles de la prisión en la que permanece desde marzo por cargos de conspiración, terrorismo y sedición, autoridades. Su defensa esperaba que tras cumplir seis de detención pudiera quedar en libertad.
Áñez fue atendida por un cardiólogo que determinó que no necesitaba ser hospitalizada aunque el jueves le realizarían estudios en el mismo penal, informó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, tras la revisión médica. Las autoridades oficializaron el diagnostico después de que Áñez, en reiteradas ocasiones, pidiera que se la lleve a una clínica para ser atendida por especialistas.
La hija de la expresidenta, Carolina Ribera, denunció en sus redes sociales que la salud de su madre “corre peligro” porque no la revisaron como informó la autoridad de régimen penitenciario. Ribera aseguró que el gobierno “montó un show para fingir una acción” a favor de la salud de su madre, además de que la sacaron de su celda sin consultarle y de manera sorpresiva.
“Es un intento de escamotear a mi madre de sus derechos a ser atendida de manera profesional e integral por médicos de su confianza”, agregó.
Norka Cuéllar, abogada de la exmandataria, lamentó que solo se le haya permitido salir del penal por un momento cuando Áñez necesitaba más estudios para garantizar su salud.
Imágenes de la prensa boliviana mostraron que la mandataria bajó de pesó y se le ve decaída.
Además de la expresidenta hay más de 40 personas en prisión preventiva —entre ellos exministros de su gestión de casi un año, exfuncionarios, militares y policías— por el estallido social de noviembre de 2019 que precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras las fallidas elecciones denunciadas como fraudulentas en la que buscaba un cuarto mandato.
Las protestas cobraron la vida de 37 personas en las calles. Una veintena de ellas murió en violentas represiones de las fuerzas del orden cuando Áñez asumió interinamente con la misión de pacificar el país y llamar a nuevos comicios que fueron ganados por el actual presidente Luis Arce en octubre de 2020.
El gobierno de Arce --heredero político de Morales-- ha recalcado que se busca hacer justicia. La oposición acusa al gobierno de utilizar la ley para desatar una “persecución judicial”.
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