Un juez de Huelva archiva la causa contra Ercros por contaminación

El proceso judicial contra la empresa Ercros por posible contaminación con mercurio por su actividad en la fábrica que tenía en Palos de la Frontera (Huelva) ha sido archivado. Así lo notificó el pasado lunes el juzgado de Instrucción 2 de Moguer, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes del caso. La Fiscalía de Huelva había solicitado el archivo, al igual que la treintena de investigados, a la vista de los informes oficiales de la Junta de Andalucía, que avalaban la actividad de la empresa. Eso, unido a la procedencia de la principal prueba, un «pen drive» con documentación enviado de forma anónima al sindicato UGT, han provocado que estime que no existían indicios suficientes para mantener la acusación.

La investigación abierta trataba de dilucidar si los datos sobre emisiones de mercurio trasladados a las autoridades estaban o no falseados. En su informe preliminar, que dio lugar a la apertura de diligencias contra Ercros y una treintena de investigados, la Fiscalía medioambiental del Estado apuntaba a Ercros como responsable de provocar «un riesgo de daño grave» contra la salud y el medio ambiente, debido a la emisión de gases de mercurio por encima de los establecidos por la ley, «al menos en los años 2013 y 2014».

En su escrito, reflejaba que «existen indicios de que las emisiones de vapor de mercurio desde la nave de celdas de electrólisis de la planta de cloro-sosa han sido (al menos en los años 2013 y 2014) significativamente superiores a las declaradas oficialmente por Ercros en los documentos de cumplimiento del acuerdo voluntario suscrito. Este hecho implicaría una supuesta falsificación de los datos presentados oficialmente a las administraciones públicas».

Ese exceso de emisiones de vapor de mercurio «habría conllevado concentraciones en la nave de celdas superiores a las establecidas en la normativa vigente de seguridad laboral, generando un riesgo de daño grave sobre la salud de los trabajadores». El Ministerio Público destacaba que «dado que la ventilación de la nave de celdas es natural, el exceso de emisiones de mercurio deriva en mayores emisiones a la atmósfera, generando un riesgo de daño sobre los distintos compartimentos ambientales; atmósfera, suelo, aguas superficiales y aguas subterráneas».

El fiscal de medioambiente hacía hincapié en la alta toxicidad de la sustancia, cuyo uso se prohibió en toda Europa en diciembre de 2017. Así, relató que el mercurio «es una sustancia muy tóxica, clasificada como vapor de mercurio es un gas altamente tóxico para la salud humana, mortal en caso de inhalación, tóxico para determinados órganos si se produce una exposición prolongada y muy tóxico para los organismos acuáticos».

«En el caso de la atmósfera, la estación de control de calidad de aire ‘La Rábida’, a unos 1.500 metros de la nave de celdas, registró superaciones del umbral de calidad establecido en varias ocasiones en los años 2013 y 2014, coincidiendo con el viento sur que arrastra la contaminación desde la planta de cloro-sosa hacia la estación de medición. De acuerdo con esto, el riesgo de afección a la atmósfera se ha materializado –según la Físcalía– en superaciones de los umbrales de calidad de esta sustancia» que, reitera, es «muy tóxica por inhalación». Del mismo modo, consideraba también «compatible con las emisiones» las «altas concentraciones de metales pesados, entre ellos mercurio», localizadas en las aguas superficiales del Canal del Santo Padre, situado a un kilómetro de la planta de Ercros.

La postura de la compañía es que «ha actuado siempre de acuerdo con la legislación ambiental y que en ningún momento, mientras ejerció la propiedad de la fábrica entre 2005 y 2015, estuvo en riesgo la salud de las personas o del medioambiente».