La Junta encarga un informe para limitar «al máximo» la «Ley Celaá»

«Ni la concertada será considerada subsidiaria, ni los alumnos pasarán de curso con todas las asignaturas suspensas, ni los padres tendrán problemas para elegir la educación de sus hijos». Así de tajante se mostró el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien anunció que la Junta ha encargado un informe a sus servicios jurídicos para limitar «al máximo» la denominada «Ley Celaá», aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados. Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Bendodo criticó una norma que «persigue arrinconar a la concertada», uniéndose así al descontento de padres y docentes de este modelo educativo.

Tras afirmar que esta ley «es más política que educativa», quiso dejar claro que «Andalucía cumplirá la norma, como no puede ser de otra manera», aunque remarcó que «es mala para la educación y para el futuro de nuestros hijos». Entre otros aspectos lesivos, Bendodo afirmó que «atenta contra el español, lengua hablada por millones de ciudadanos en todo el mundo», además de que «limita la libertad» de los padres para decidir dónde estudian sus hijos.

Frente a este modelo, el consejero contrapuso la «apuesta por la libertad» del Gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta, «y no por el intervencionismo que fue parado por los andaluces hace ahora dos años», en las últimas elecciones autonómicas de 2018. Por ello, anunció que, «en cuanto este atropello de ley educativa esté publicada, encargaremos un informe a los servicios jurídicos para aprovechar cualquier resquicio que nos permitan nuestras competencias en beneficio de la libertad de las familias a educar a sus hijos».

Junto a ello, Bendodo recordó que la comunidad autónoma cuenta con una «plantilla récord» en materia educativa, con 110.000 docentes públicos y 130.000 si se suman los centros concertados y sostuvo que «las supuestas banderas del socialismo en Andalucía, educación y sanidad, son los dos grandes fraudes y lo que peor funcionaba».

También recordó que el Gobierno andaluz ha aumentado en mil millones el presupuesto en educación y en dos mil en sanidad, además de destinar 29 millones más a la educación especial, con un total de 445 millones y un aumento del 53% para monitores. «Nos da igual que los miembros del Gobierno haya estudiado donde le dé la gana, fueron donde eligieron sus padres», zanjó.