Fomento

Impulso al alquiler asequible en Andalucía con la construcción de 900 viviendas

Los precios oscilan entre 175 y 325 euros al mes y el programa generará 6.500 empleos

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán CarazoMaría José López / Europa PressEuropa Press

Tras el éxito de las convocatorias de 2019 y 2020, la Junta de Andalucía seguirá promoviendo la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible y la concesión de ayudas. Tal y como informó la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, su departamento aprobará en el primer cuatrimestre de 2021 una nueva línea de ayudas para este fin, además de la construcción de 900 viviendas. El presupuesto asciende a 28,7 millones de euros.

Bajo el paraguas de las dos convocatorias anteriores se han activado un total de 1.776 viviendas distribuidas en 54 promociones con una inversión global de 146,3 millones de euros, de los que se subvencionan 48,8 millones.

En concreto, Carazo aseguró que se están construyendo 28 viviendas en el centro de Cádiz, junto a otras 15, y un total de 60 en Marismas del Odiel, en un edificio cuya construcción quedó paralizada durante la crisis de 2008. También se está abordando una nueva promoción en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Este programa subvenciona al promotor a fondo perdido con hasta el 40 por ciento del coste de la vivienda y el 50 por ciento de esa subvención se otorga en el inicio de la construcción, lo que facilita el acceso a la financiación del proyecto. La renta que se percibe por el alquiler de la vivienda oscila entre 175 y 325 euros al mes para viviendas de hasta tres dormitorios y pueden acceder a ellas personas con ingresos ponderados de 9.000 a 26.000 euros al año.

Junto a ello, la consejera subrayó que se seguirá apostando por la colaboración público-privada, por lo que se promoverán convenios con ayuntamientos, ONG y constructoras para construir viviendas a precio asequible. Una línea que defiende la Junta y que creará, según sus estimaciones, 4.600 empleos directos y 1.900 indirectos, con la construcción de casi 2.000 viviendas.

Carazo también reclamó al Gobierno central que participe más activamente en los programas de vivienda de la Junta, toda vez que el Ministerio de Fomento ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para cofinanciar casi 4.000 pisos en la Ciudad Condal, aportando el Estado 72 millones de euros. «Reclamamos el mismo trato que se da a Barcelona, de manera que todos los municipios andaluces que dispongan de suelos para la construcción de viviendas a precio asequible reciban la misma propuesta, ya sea mediante inversión directa del Ministerio, o a través de la comunidad, ampliando la dotación para estos programas en el convenio entre la Junta y el Ministerio», remarcó Carazo, además de mostrar su preocupación por la nueva Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, puesto que «parece una estrategia política para abrir el debate ideológico del derecho a la vivienda, como ya lo hiciera el PSOE en Andalucía con la Ley del Derecho a la Vivienda en 2010 en plena crisis inmobiliaria anterior».

Igualmente, la consejera rechazó la intención del Gobierno de limitar el precio del alquiler, calificando la medida de «fallida». En este sentido, recordó que ha sido un «fracaso» en grandes ciudades europeas –como París y Berlín– y que la propia Comisión Europea la pone en duda porque conlleva efectos no deseados en la oferta de pisos en alquiler y en los precios. «Es una medida precipitada que requiere de su análisis en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda, cuya reunión he solicitado en varias ocasiones», señaló, además de subrayar que las políticas de vivienda deben consensuarse porque las comunidades son las que tienen las competencias.

También insistió en la necesidad de bajar tributos en materia de vivienda. En este sentido, la consejera propuso reducir el IVA de la vivienda protegida de régimen general del 10 por ciento al 4, igualándolo al IVA súper reducido de la vivienda de protección oficial de régimen especial.