Los servicios jurídicos del Parlamento urgen a elegir al nuevo presidente de la Cámara de Cuentas andaluza

Hay quienes buscaban la urgencia de la confirmación y quienes tenían la esperanza de que no se diera. La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, pidió un informe a los servicios jurídicos de la institución sobre la situación de bloqueo que sufre la Cámara de Cuentas y, según éste, Antonio López «ocupa en la actualidad el cargo de presidente» de esa entidad «en funciones», al haber «concluido su mandato» como consecuencia, a su vez, del final de su etapa como consejero que se produjo el pasado febrero.

De acuerdo a lo reflejado en el documento al que ha accedido LA RAZÓN y que firma el letrado mayor del Parlamento, Ángel Marrero, López «debe proceder, a la mayor brevedad posible, a convocar al Pleno de la institución para la elección de la nueva persona titular de la Presidencia». Una postura que defendían los consejeros nombrados a propuesta del PP, Ciudadanos (Cs) y Vox, mientras el PSOE planteaba que debía seguir en su cargo hasta 2022.

Con todo, Marrero hace constar que no se ha apreciado «la existencia de responsabilidad disciplinaria alguna» en la actuación ni del propio presidente ni de los consejeros de la Cámara de Cuentas autonómica, «habida cuenta de que han actuado en leal y recto ejercicio de sus cargos, conforme a la razonable interpretación de la normativa de aplicación que consideraron, en todo momento, adecuada». En cualquier caso, los servicios jurídicos de la Cámara entienden que es «razonable», sobre la base de «la apuntada relevancia de la posición institucional del presidente de la Cámara de Cuentas», que la designación del próximo presidente del órgano fiscalizador regional «se produzca con anterioridad al examen por el Pleno» de «cualesquiera otros asuntos, máxime si son de especial trascendencia o relevancia para la actuación futura» del ente, salvo «situaciones justificadas de extrema urgencia». «Todo ello se ve acentuado, sin duda», se hilvana, por «la circunstancia de que acaba de producirse la renovación parcial de los consejeros».

El trabajo de Marrero, no es vinculante, pero ya existía otro informe, rubricado esta vez por el secretario general de la propia Cámara de Cuentas, Manuel Aguilar, en el que también se señala que «la pérdida de la condición de consejero conlleva» la «de presidente o vicepresidente» del órgano. Es más, se indica que «con dos meses de antelación a la finalización del mandato –en este caso sería diciembre de 2020–, la persona que actualmente ocupa en funciones la Presidencia», es decir, el economista López, «debió poner en conocimiento de la Presidencia del Parlamento» su cese. El no hacerlo, puede suponer, según Aguilar, «un incumplimiento de los deberes del cargo» de máximo dirigente, que «se subraya por el hecho de no haber acordado la convocatoria para la celebración de los Plenos extraordinarios para elección de los nuevos titulares de la Presidencia y Vicepresidencia».

En ese escenario de desencuentro, López sí intentó celebrar un Pleno vinculado al informe de fiscalización de la Cuenta General de la Junta del ejercicio de 2019, el primer año de gestión del llamado Ejecutivo del cambio de PP y Cs, pero los consejeros ligados a esos partidos y a Vox no acudieron, al entender que debía celebrarse primero el de su relevo. El portavoz del PSOE-A en el Parlamento autonómico, José Fiscal, ha avisado de que llegarán «a las instancias que haya que llegar para que se cumpla la ley», ya que mantienen que, a la luz de lo firmado en el pacto para renovar los órganos de extracción parlamentaria que sellaron los cinco grupos de la Cámara, el mandato del actual presidente no cumple hasta 2022.