La ley estrella de Moreno antes de llamar a las urnas: más VPO y freno al precio inaccesible

La presentación de la Ley de Vivienda de Andalucía es una señal más de que Juanma Moreno pretende agotar al máximo la legislatura actual. La nueva norma, que iniciará la tramitación parlamentaria tras su aprobación hoy por el Consejo de Gobierno, se presenta como uno de los grandes logros sociales con los que seguir reclamando a los andaluces el apoyo mayoritario en las urnas. El objetivo es claro: aumentar la oferta de vivienda protegida y precios más asequibles.

La sociedad ha situado el problema de la vivienda en el podio de sus preocupaciones. «Vamos tarde», admitió el presidente de la Junta. «Llevamos casi una década y media donde no se han hecho las reformas oportunas», agregó.

Se refería a las políticas aplicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que «lejos de solucionar el problema» lo han «agravado». La posición de la Junta parte de «soluciones que sean realistas, sensatas y que estén basadas en la experiencia», todo ello desde el consenso. «Andalucía tiene un problema de falta de vivienda, como lo tiene España, y hay una desproporción muy clara entre oferta y demanda» y eso encarece las que ya hay y las hace «prácticamente inaccesibles para muchos de los ciudadanos».

No al intervencionismo

La vivienda es un derecho «básico y fundamental» recogido en la Constitución. De ahí que Moreno hable de situación «terrible» y «dolorosa» para muchos jóvenes y familias. Por ello, el planteamiento pasa por «poner más vivienda en el mercado» y «casar oferta y demanda» de forma que los precios no sigan subiendo. «El intervencionismo –del Gobierno– no ha funcionado», aseguró el presidente, que repasó algunas iniciativas andaluzas ya adoptadas por la Junta como el plan de choque para construir 20.000 viviendas VPO en los próximos cinco años o el aval hipotecario que ha permitido que más de 2.000 andaluces hayan podido acceder a su primera vivienda, especialmente jóvenes.

La nueva ley de vivienda se presenta como una receta «seria y efectiva», según Moreno. «Se trata de un texto concebido para generar más vivienda protegida en venta y en alquiler en Andalucía, con precios más asequibles». La norma va a contribuir tanto a poner los medios como a «generar confianza en el acceso a la vivienda, en la promoción y el desarrollo urbanístico», así como a establecer las mejores condiciones posibles para que aumente la oferta de vivienda en nuestra tierra.

Otro de los objetivos es acabar con «la dispersión normativa» e impulsar «soluciones reales». En su redacción se han tenido en cuenta las aportaciones, la implicación y la participación de todos cuantos conforman el sector, incluidos los alcaldes.

Cambio en el uso de los suelos

Será posible el cambio de uso de suelos de oficinas y otros para hacer viviendas protegidas, se fomentarán los planes municipales de vivienda y el uso del suelo público, garantizando que al menos el 25% sea para edificar vivienda protegida y medidas en materia de calidad y rehabilitación. Más construcción para alquiler, más colaboración público-privada, menos burocracia y un Portal de la Vivienda Protegida en Andalucía como grandes ejes.

«Los ciudadanos esperan de sus representantes que no nos peleemos y que no nos enfrentemos y este es un ámbito magnífico para demostrarle a los ciudadanos que tenemos que ir de la mano las tres administraciones para abordar esas soluciones tan ansiadas», explicó la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera. Aunque la ley de Vivienda no será «la ley perfecta», se ha trabajado «desde la participación para que sea una ley con la que todos más o menos nos podamos sentir a gusto», añadió.

Desde el PSOE-A, como era de esperar, se criticó la presentación de la ley y fue calificada como «propaganda» por el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio. «Lo que tiene que servir es para ayudar a la gente que quiere adquirir una vivienda, no para que los constructores hagan negocio con la vivienda pública», esgrimió.

El también secretario de Organización del PSOE de Sevilla argumentó que el precio de una VPO pueda alcanzar un precio de 300.000 euros, «una VPO como máximo tiene que estar en torno a los 120.000 euros». Y un ciudadano no puede pagar de alquiler más de 350 euros, según Recio, que defendió el modelo que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Sevilla.

El indispensable apoyo de los ayuntamientos

El vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Tomares (Sevilla), José María Soriano, calificó la futura ley como «muy positiva y necesaria para resolver uno de los problemas más acuciantes que sufren miles de andaluces». Desde la FAMP, trabajarán codo con codo para aportar experiencia «desde la máxima colaboración y lealtad». «Las funciones de los ayuntamientos incluyen la facilitación de suelo público y la gestión de concursos y convocatorias para la adjudicación de VPO, así como la participación en programas de construcción de nuevas viviendas y el impulso de ayudas y subvenciones para el acceso a la vivienda», concluyó.