Condenan a siete años de cárcel al monitor que abusó en Motril de un usuario con 98 por ciento de discapacidad

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a siete años de prisión para un hombre acusado de aprovechar su trabajo como monitor en un centro de discapacitados de Motril (Granada) para abusar sexualmente de un usuario con una discapacidad reconocida del 98 por ciento.

La sentencia de la Sala de lo Penal del alto tribunal, a la que ha tenido acceso Efe, ha desestimado los recursos formalizados por Rafael A.Z. y ha confirmado la condena a siete años de cárcel y otros cinco de inhabilitación para su trabajo como monitor.

El condenado trabajaba como monitor en un centro especializado de Motril y ofrecía un taller de cerámica en el que participaba su víctima, con parálisis cerebral y un retraso mental grave, así como discapacidad del sistema neuromuscular por parálisis cerebral por la que tenía reconocido un grado de minusvalía del 98 por ciento.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre finales de septiembre de 2015 e inicios del mes de diciembre de ese mismo año cuando, según la sentencia, el condenado acompañaba a la víctima al baño durante la duración de los talleres de cerámica.

Lo hacía para prestarle la asistencia que precisaba tanto para realizar sus necesidades como para su aseo, aunque aprovechaba los momentos que se encontraban en solitario en la zona de duchas para abusar de su víctima.

Aunque el condenado recurrió la sentencia al considerar que debían primar el relato de los testigos de parte sobre lo narrado por la víctima y su familia, el alto tribunal ha desestimado el recurso y ha otorgado total credibilidad al testimonio de la víctima, apoyado en las pruebas periciales.

Con estos datos, ha confirmado la condena a Rafael A.Z. como autor de un delito continuado de abusos sexuales a siete años de cárcel y otros cinco de inhabilitación para el ejercicio de su profesión de monitor por tiempo.

Además, el condenado tendrá que indemniza a la víctima con 6.000 euros y pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.