Más País pregunta al Gobierno si sancionará a Vox por convocar un acto multitudinario en plena pandemia

Más País Andalucía pedirá al Gobierno central que diga si “sancionará a Vox por la convocatoria, saltándose de forma flagrante las normas sanitaria, de un mitin en Sevilla, que derivó en una concentración sin respeto a ninguna recomendación de salud pública y en un acto público de intimidación e insulto a los profesionales de la información”.

En un comunicado, la coordinadora andaluza de Más País, Esperanza Gómez, se ha referido a la rueda de prensa que el pasado miércoles convocó, en la Plaza Nueva de Sevilla, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y que conllevó que muchos ciudadanos se concentraran en el lugar y que se tuviera que establecer cordón policial.

Esperanza Gómez ha anunciado que el portavoz federal de Más País, Íñigo Errejón, ha registrado una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados apelando al Ministerio del Interior a que explique si “va a sancionar a Vox por convocar una concentración ilegal de militantes, bajo la falsa bandera de una rueda de prensa, sin respeto y decoro a las normas y recomendaciones sanitarias, y que derivó en un acto público de insulto, intimidación y linchamiento simbólico a la prensa allí presente”.

En la misma línea, Más País Andalucía también ha preguntado acerca de si cree “el Gobierno que está garantizado el derecho a la información en el Estado” y sobre “qué medidas piensa tomar el Ministerio del Interior para proteger el libre ejercicio de la profesión periodística en la cobertura de la actualidad política y frente a la intimidación promovida por determinados partidos”, según ha abundado la máxima responsable de la formación andaluza.

Gómez ha insistido en que “ese asalto a derechos fundamentales y la apelación continua a la crispación y enfrentamiento sociales merecen una respuesta convincente, ajustada a Ley, pero con toda la contundencia y firmeza de las que disponen las herramientas legales de un Estado de Derecho”.

Ha avisado de que con “la pasividad o ausencia del Gobierno central ante esa deriva autoritaria y violenta, en lo simbólico pero también en lo físico, se proyectaría un mensaje mortal a medio plazo para la convivencia social en España y para la defensa de los valores democráticos y garantistas del Estado”.