Andalucía lleva al TS la negativa a un cierre perimetral del TSJA, que sí valida otros tres

«Estamos peleando contra la pandemia con un brazo atado a la espalda». De esta manera tan gráfica explicó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, la situación generada en Andalucía tras el fin del estado de alarma y los diferentes pronunciamientos de la justicia en torno a los cierres perimetrales propuestos por la Junta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de un lado, ha denegado el cierre perimetral del municipio granadino de Montefrío y, de otro, ha respaldado la medida en el municipio cordobés de Castro del Río y en los gaditanos de Bornos y Villamartín. Bendodo, tras la reunión del Consejo de Gobierno, anunció que la Junta presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el pronunciamiento relativo a Montefrío y culpó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de esta situación, además de acusarlo de «subcontratar» la gestión de la pandemia. En concreto, el Alto Tribunal considera, en relación a Montefrío, que las restricciones de derechos fundamentales no pueden realizarse «de forma indiscriminada y masiva» y que la norma que debía amparar esta restricción, La Ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, «alude a personas concretas y determinadas». Junto a ello, subraya que «se está imponiendo una restricción indiscriminada de un derecho fundamental hasta el extremo de que afecta, incluso, a aquellos ciudadanos que ya estuvieron vacunados».

Así se pronuncia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Granada. Por contra, el mismo tribunal, con sede en Sevilla, aprecia la «necesidad, idoneidad y proporcionalidad» del cierre perimetral en Castro del Río, Villamartín y Bornos y entiende que debe «prevalecer el derecho a la salud pública» ante el «alto poder de contagio» y el «grave riesgo» para la ciudadanía.

«El Gobierno nos ha sumido en un estado caótico», subrayó el consejero de la Presidencia. En la misma línea se expresó en twitter el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lamentando la «falta de planificación» del Gobierno. El ejecutivo andaluz ya «lo avisó» y ahora «la realidad evidencia que son necesarios instrumentos legales para abordar esta etapa con la mayor eficacia», remarcó Moreno, quien criticó que «hemos pasado del estado de alarma al estado de confusión». Bendodo, por su parte, volvió a reclamar la convocatoria de la conferencia de presidentes para tratar la desescalada y la planificación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Sobre este asunto, cifró en 824.000 los andaluces que tienen la primera dosis de este laboratorio y que están a la espera de la segunda.

Las imágenes de jóvenes en la calle consumiendo alcohol, coincidiendo con el fin del toque de queda, sobrevolaron el Consejo de Gobierno, traduciéndose en preocupación e inquietud. Bendodo lamentó que «los excesos se convierten, a las pocas semanas, en ingresos hospitalarios y en muertes, ya lo pudimos ver en anteriores ocasiones». Por ello, reconoció que el Gobierno andaluz no descarta endurecer las medidas si se producen repuntes de contagios y hospitalizaciones. «Hemos visto imágenes poco edificantes y esas actitudes suponen una falta de respeto a las personas que han fallecido por covid», remarcó el consejero.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pidió a la Junta que sea «valiente» y ponga sobre la mesa un aumento de las restricciones si cree que es necesario. Fernández insistió en que las comunidades tienen instrumentos y herramientas para luchar contra la pandemia y además «tienen la posibilidad de pedir al Ejecutivo un estado de alarma para su territorio». De otro lado, el presidente del Gobierno va a visitar este viernes la planta de Rovi en Granada, lugar de fabricación del principio activo de la vacuna contra la covid de Moderna.