El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por el “saqueo” de Doñana

Es una amenaza muda y persistente. Los ecologistas cifran en más de un millar los pozos ilegales que salpican el espacio natural de Doñana y en relación con ellos hoy se haconocido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se concluye que las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en el parque incumplen el derecho comunitario, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats, por lo que ha condenado al Estado español.

Para la organización conservacionista WWF, esta resolución “histórica” confirma sus “reiteradas denuncias” sobre el “grave deterioro ambiental de Doñana como consecuencia del robo del agua, la impunidad que impera en el entorno y la inacción y falta de medidas efectivas para evitarlo por parte de la Junta de Andalucía y del Estado central”, según sostienen en un comunicado.

De acuerdo a la interpretación de dicha entidad, la mencionada sentencia ratifica que “las extracciones de agua están dañando de forma grave” a Doñana y a “sus valores naturales” y evidencia “la inacción de España ante los efectos negativos de las extracciones de agua sobre hábitats protegidos, como los estanques temporales mediterráneos”.

Para WWF otro punto a mejorar es la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido, sobre todo, “al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales”.

Hace más de una década que la organización presentó una queja ante la Comisión Europea (CE) en la que ya se denunciaba “la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas”. Desde entonces ha realizado un seguimiento y aportado al proceso legal “informes propios elaborados por expertos y organismos públicos que demuestran la sobreexplotación y degradación progresiva del acuífero que alimenta Doñana y su grave repercusión en los hábitats y especies, sobre todo en la avifauna y los humedales temporales mediterráneos”. No fue hasta enero de 2019 cuando la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión que ahora se ha pronunciado.

Desde WWF critican además que no se clausuren “los regadíos ilegales en la zona del Condado”, y la aparición de “nuevas presiones”, como “el avance de la agricultura intensiva al norte de Doñana que está transformando rápidamente la marisma de Aznalcázar usando todo el agua del río Guadiamar”. Junto a ello ponen el foco en que la falta de lluvias y aportes superficiales están provocando que “la marisma norte dentro del Parque Nacional de Doñana lleve dos años prácticamente seca”; y en que las lagunas peridunares del parque pierdan “superficie de forma continua e incrementan su temporalidad”.

A partir de ese dibujo de situación, la entidad “verde” exige a los gobiernos central y autonómico que “afronten sus responsabilidades y competencias, a fin de impedir mayores perjuicios a Doñana”. En ese punto, instan a la Junta a “cerrar con carácter urgente todas las fincas ilegales”, que, a su entender, “no se pueden regularizar en ningún caso”; y a recuperar los montes públicos “ocupados” por esa agricultura irregular. Urgen también a “ejecutar el Plan de la Corona Forestal que languidece deliberadamente sin medios ni personal suficientes”.

Por lo que respecta al Estado, piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que sellen “de forma inmediata todas las captaciones ilegales que están robando el agua a Doñana” y que frenen, entre otras cuestiones, las infraestructuras hidráulicas al norte del espacio natural “destinadas a favorecer el avance de la agricultura intensiva y que provocarán la transformación irreversible de las valiosas marismas de Aznalcázar”.

Los conservacionistas entienden que en el contexto descrito es “imprescindible” garantizar que los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia que lleguen de Europa “no se utilicen para financiar nuevas infraestructuras hidráulicas que dañen Doñana con la excusa de su recuperación, sino que se usen para la puesta en marcha de un nuevo proyecto de restauración hidrológica a gran escala” que incluya “la recuperación del Caño Guadiamar, los Garridos y Veta Alí.

En concreto Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, tilda de “escándalo” la condena a España y avisa de que constituye “un gran daño para la imagen internacional” de un país que “no ha sido capaz de cuidar un espacio único como Doñana, propiedad de todos los europeos y patrimonio de toda la humanidad”, ha recordado. “Ahora seremos todos los ciudadanos -ha cosido- los que paguemos las consecuencias de la inoperancia de las autoridades locales, autonómicas y centrales que han consentido el expolio y saqueo de Doñana y han cedido continuamente ante las presiones de la agricultura intensiva legal e ilegal”.

Del Olmo ha advertido de que el parque “se encuentra en la situación más grave de su historia”. “Es un ecosistema cada vez más débil, asediado por antiguas y nuevas amenazas y por la realidad del cambio climático. Esta sentencia recuerda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central su responsabilidad y la urgencia de actuar antes de cruzar el punto de no retorno”, ha rematado.