Junta y organizaciones agrarias se unen en defensa de una PAC “justa” para Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este martes en el Palacio de San Telmo junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria y el acto de firma de una Declaración Institucional para adherirse a la reivindicación del sector sobre el futuro de una Política Agrícola Común (PAC) “que sea justa para Andalucía, que no recorte ayudas al campo andaluz y reconozca su enorme esfuerzo y contribución a la modernización y sostenibilidad de la agroindustria”, y ha valorado que la región “tenga una voz unánime” en la defensa de los intereses del campo. En esta declaración firmada por las organizaciones representativas del sector, como son Asaja, Cooperativas Agro-alimentarias, COAG y UPA, se pide que “se siga el mismo criterio que se ha defendido para que España siga manteniendo su peso específico en la PAC dentro del conjunto de la Unión Europea” y que esto sirva para “defender que Andalucía no pierda presupuesto dentro de España, manteniéndose la coherencia en el equilibrio entre territorios, que ha caracterizado el actual sistema nacional de regiones productivas de España”, según ha recogido la Junta de Andalucía en un comunicado.

Moreno ha incidido en el diálogo “fluido y leal” que existe entre el gobierno andaluz y las cooperativas y organizaciones profesionales agrarias, y ha apuntado que el 28 de septiembre de 2020 se suscribió una declaración institucional en defensa de la PAC, “una alianza” a la que se ha ido sumando todo el sector primario para “avanzar en innovación y competitividad”. Así, se ha reclamado que “se mantenga el modelo de PAC actual, que ha servido para fijar población al territorio, crear empleo y riqueza”, incidiendo en que “la fuerza de esta comunidad autónoma radica en que una de cada tres perceptores de la PAC de España reside en ella”, a lo que se une que “más de 500.000 andaluces viven del campo y que la región aporta el 36% de la renta agraria nacional”.

Otro de los aspectos a los que se ha aludido en esta Declaración es lo “perjudicial” que supone la ratificación de los ecoesquemas planteados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque ello conllevaría “una clara pérdida de renta para el campo andaluz” al desvincular las nuevas prácticas medioambientales de las regiones productivas en las que se va a implantar, lo que supondría “un castigo a la agricultura andaluza”, ya que las pérdidas “podrían alcanzar los cien millones de euros anuales del cheque de la PAC para los agricultores y ganaderos andaluces”. Además, la Junta ha pedido al Gobierno de España que “respete los objetivos y las reivindicaciones planteadas” entre las que se encuentran “la defensa de un modelo inclusivo, diverso, paulatino, coherente y que sea respetuoso con la realidad agraria de cada una de las regiones productivas”.

Moreno ha señalado que no se puede hacer “una buena PAC para España” si no se cuenta con Andalucía, una comunidad que cuenta con más de 750.000 hectáreas de cultivos herbáceos de secano que perderían entre “un 30% y un 45% de las ayudas que deberían tener por ecoesquemas para mantener sus niveles actuales” y unas 250.000 hectáreas de cultivos herbáceos de regadío “con pérdidas entre el 25% y el 50%”. El presidente de la Junta ha añadido que las zonas de olivar que están por encima de las 700.000 hectáreas “también perderían niveles de apoyo”, traduciéndose todo ello en que “una amplia superficie de Andalucía vería reducidas sus ayudas aumentando las exigencias de sus prácticas medioambientales”.

Con su adhesión al documento, la Junta ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones de los representantes del campo andaluz y ha avisado de que rechaza “el tratamiento que este sector está recibiendo en las propuestas planteadas como base para el Plan Estratégico Nacional de la PAC que el Gobierno central busca cerrar antes de final de año para poder aplicarlo a partir de 2023″.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes adherirse a la nueva declaración institucional de Andalucía sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC), firmada el 14 de octubre por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Andalucía (Asaja-Andalucía), la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG-Andalucía), Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-Andalucía). Entre otras cuestiones, este manifiesto reclama que se aplique a nivel interno el mismo criterio que se ha defendido para que España siga conservando su peso específico en la PAC a nivel europeo, lo que supondría el mantenimiento del presupuesto de Andalucía a nivel nacional. Esto supone que el campo y el Gobierno andaluz apuestan por continuar con el equilibrio entre territorios que ha caracterizado el actual sistema nacional de regiones productivas de España, según ha señalado el Gobierno andaluz por medio de una nota.

En cuanto a los ecoesquemas, la declaración institucional lamenta que la actual propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se pueda traducir en una pérdida de renta para el campo andaluz, al desvincular estas nuevas prácticas medioambientales de las regiones productivas en las que se implantarán. Esta desconexión entre ecoesquemas y regiones productivas podría derivar, incluso, en tasas planas que reducirían los fondos que los agricultores y ganaderos de Andalucía vienen recibiendo de la PAC, una posibilidad a la que ya se ha opuesto repetidamente el Gobierno autonómico, que rechaza la posible pérdida de recursos por parte de los productores.

A modo de conclusión, el manifiesto solicita al Ejecutivo central que en el Plan Estratégico de la PAC se respeten los objetivos y las reivindicaciones planteadas desde Andalucía, entre las que se encuentra la defensa de un modelo inclusivo, diverso, paulatino, coherente y respetuoso con la realidad agraria de cada una de las regiones productivas. Con su adhesión al documento, la Junta quiere expresar su respaldo a las reivindicaciones de los representantes del campo andaluz y rechaza el tratamiento que este sector está recibiendo en las propuestas planteadas como base para el Plan Estratégico Nacional de la PAC que el Gobierno busca cerrar antes de final de año para poder aplicarlo a partir de 2023.

A lo largo de la negociación de la nueva PAC post 2020, el Gobierno andaluz ha trabajado junto a las organizaciones profesionales agrarias y Cooperativas Agroalimentarias en la defensa de los derechos de los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma. Esta unión quedó ya plasmada en la primera declaración institucional relativa a la PAC rubricada en septiembre de 2020 por parte de todas las entidades representantes del campo y por el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, y se ha mantenido a través de la organización de numerosas reuniones de trabajo dirigidas a identificar las necesidades de Andalucía y la mejor forma de plasmarlas en el nuevo documento de aplicación nacional.

En la Declaración institucional de las organizaciones agrarias andaluzas se pone de manifiesto que la reforma de la PAC “supondría pérdidas de cerca de 200 millones de euros anuales para los agricultores y ganaderos de Andalucía”. “Sin olvidar que más de 50.000 perceptores podrían quedar fuera del sistema de ayudas, si se endurece la propuesta en la línea que están demandando algunas comunidades autónomas”, aseguran en su declaración. “Andalucía aglutina el 36% de la renta agraria de España, supone el 20% de toda la superficie agraria útil nacional y genera el 35% del empleo agrario nacional (y más del 10% del empleo total de nuestra región)”, recuerdan las organizaciones agrarias.