Prescripción y falta de pruebas: Absueltos otros diez acusados de caso Madeja

La prescripción de los delitos y la falta de pruebas ha llevado a la Audiencia Nacional a absolver a una decena de funcionarios y exaltos cargos de cobrar comisiones o recibir regalos por facilitar a una empresa obra pública en Andalucía, unos hechos enmarcados en una de las ramas del conocido como caso Madeja.

El tribunal no duda de las “prácticas corruptas” desplegadas en torno a la empresa sevillana Fitonovo entre 1995 y 2013, pero considera que no se puede exigir responsabilidad penal a estos acusados porque los hechos han prescrito y porque en el caso de varios de ellos no hay pruebas de que cometiesen delito alguno.

La prescripción -que ya provocó que la Fiscalía retirase la acusación a doce implicados en la trama en otro de los juicios de esta macrocausa- fue algo que puso de relieve el fiscal el primer día del juicio, cuando anunció un acuerdo con la mayoría de ellos a cambio de que reconociesen los hechos por los que les acusa.

Pero aparte de ratificar dicha prescripción, los magistrados han considerado que las acusaciones no han presentado suficientes pruebas contra algunos de los acusados y que no se ha acreditado que recibiesen dádiva alguna o favoreciesen a Fitonovo. La consecuencia es la absolución.

Entre los acusados se encontraban funcionarios y autoridades de administraciones radicadas en distintas provincias de Andalucía -como el Ministerio de Fomento o las diputaciones de Sevilla, Jaén y Córdoba-, y también un exconcejal de La Carolina (Huelva), que negó toda acusación contra él.

La Sala afirma que no se ha acreditado que los directivos de Fitonovo le pagasen 38.929 euros por la adjudicación de contratos, como también ocurre con algún técnico del Ministerio de Fomento y de la Diputación de Sevilla.

Pese a las absoluciones dictadas, la Audiencia emite un duro relato de hechos sobre la corrupción que se instauró en la empresa Fitonovo, cuyas “prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados” eran “un elemento nuclear” de su actividad. Sus directivos han sido juzgados en un procedimiento aparte.

Según la sentencia,está mercantil creó una infraestructura “destinada a obtener contratos públicos irregulares” y conformó una “red de contactos con determinados funcionarios o empleados públicos que les facilitaban dicha contratación”, creando además una “contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa” para “financiar el pago de dádivas”.

Y como esas dádivas no podían justificarse legalmente, la empresa “constituyó una caja b” para abonar dichas comisiones o pagar regalos, pero que además se empleó con otros propósitos como el pago de salarios en b a trabajadores.

Unas prácticas que han afectado a “múltiples Administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales”.