Cierre de pozos en Doñana a la espera de la ley de regadíos

La protección medioambiental y el mantenimiento de la actividad agrícola son dos asuntos que colisionan en el entorno de Doñana, un espacio protegidos de excepcional valor ecológico lastrado por la falta de agua. Con el objetivo de poner coto a la extracción ilegal de agua en la zona, una práctica que está dañando a los acuíferos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tiene previsto clausurar 71 pozos ilegales en los próximos dos meses. El organismo de cuenca supervisó el sellado de siete en el término municipal de Almonte (Huelva), operaciones que están llevando a cabo los propios titulares de manera voluntaria.

Estos sellados también se extenderán, aunque en menor medida, hasta los municipios onubenses de Lucena del Puerto y Rociana del Condado. Esta fase está contando con la colaboración de la Comunidad de Regantes del Condado, que está actuando como intermediaria en el cierre voluntario por parte de los propios regantes.

El cierre de estos 71 pozos supone «una intervención fundamental en el contexto de sequía que atraviesa la cuenca, lo que permitirá aumentar la gobernanza, impedir agravios comparativos entre agricultores y actuar desde el propio territorio para salvaguardar la trazabilidad ambiental de los productos del entorno de Doñana de cara a los mercados nacionales y europeos», señaló la CHG.

De este modo, esta nueva tanda de cierre vendrá a sumarse a los 220 pozos ya clausurados por ejecución forzosa por el actual organismo de cuenca desde 2018, 105 de ellos sellados de forma voluntaria por los usuarios tras la recepción de las multas. Además, a la anterior cifra se suman «los 443 pozos con derecho cerrados por sustitución de agua subterránea por agua superficial, tras la concesión definitiva a la comunidad de regantes El Fresno».

Por otro lado, la CHG tiene abiertos procedimientos de ejecución subsidiaria para el cierre de un total de 467 pozos, sondeos que «han sido sancionados, que cuentan con resolución firme y cuyos titulares tienen la obligación de cerrarlos».

Esta actuación va en sintonía con los planes de la Junta en el entorno de este espacio protegido, ya que aboga por el cierre de los pozos ilegales y por realizar trasvases en superficie. Las actuaciones de la Administración autonómica en este ámbito quedarán recogidas en la ley de regadíos, que quedó pendiente en la anterior legislatura y que llegará a la Cámara a partir de septiembre tras el reinicio de la actividad parlamentaria. Se trata de una iniciativa que generó polémica no solo entre los regantes y ecologistas, sino también en el propio PSOE, que en un principio la apoyó y que luego rechazó alineándose con la postura del Gobierno central.

En la sesión de investidura del pasado mes de julio, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró que no tiene ningún interés en «polemizar» sobre este asunto y se mostró partidario de debatir la iniciativa con todos los sectores afectados.

En este sentido, reclamó al Gobierno que «cumpla con la ejecución de las obras de la ley del trasvase Tinto-Odiel-Piedras del Guadalquivir», porque esa zona de la corona está bajo competencia de la CHG. Moreno recordó que ahora hay un problema en Doñana que causó la anterior Administración socialista, y es que hubo 5.000 alegaciones que quedaron sin respuesta de personas que se sienten con un derecho porque «tenían ya sus explotaciones desde hace bastante años». «La administración jamás les contestó, y se merecen una salida en el marco de la ley», apuntó el presidente, no sin antes reconocer que este tema es prioritario para su Ejecutivo.