Política
Continuismo en la estructura de la Junta en las provincias
El Gobierno aprueba el nombramiento de los delegados provinciales y no aumenta las delegaciones territoriales
El Consejo de Gobierno aprobó ayer la nueva estructura de la Junta en las provincias. El Ejecutivo de Juanma Moreno ha apostado por el continuismo tanto en los nombramientos de los máximos representantes del Gobierno andaluz en las provincias como de la estructura elegida, que prácticamente es idéntica a la que acabó la anterior legislatura –distinta es la que la comenzó y que hubo que modificar en diciembre de 2020–. Con este paso y a la espera de los últimos nombramientos de los distintos responsables de los centros directivos, la nueva Administración andaluza está preparada para afrontar la actual legislatura antes de que comience el mes de septiembre.
El Gobierno andaluz tenía básicamente dos opciones para formar su estructura periférica: reproducir en las ocho provincias el modelo de las Consejerías tal y como las ha concebido el presidente en su decreto de competencias oaglutinar las funciones de varios departamentos en uno, tal y como se estableció en 2012 con motivo de la crisis financiera que obligó a hacer planes de ajuste y contención del gasto en todas las administraciones. La opción elegida es una combinación de ambos, posibilidad que está contemplada en la legislación actual.
Finalmente, todas las Consejerías tendrán su delegación provincial en cada una de las ocho provincias andaluzas, a excepción de cuatro de las trece que compartirán estructura y conformarán dos delegaciones territoriales que gestionarán los intereses de dos departamentos del Gobierno. El diseño elegido contempla la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía; y la de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación. En la práctica supone que dos de las nuevas consejerías que se han creado –la de Energía y la de Universidades– compartirán representación y recursos en las provincias con dos departamentos que suman más competencias como Economía y Hacienda y Educación. El resto de consejerías sí tendrá delegado provincial propio y, por tanto, será el máximo representante de su consejería en la provincia correspondiente. Las delegaciones provinciales serán de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Salud y Consumo; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Turismo, Cultura y Deporte; Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; y Justicia, Administración Local y Función Pública.
Serán diez delegaciones en total, las mismas con las que acabó el anterior Gobierno andaluz, que tuvo que ampliarlas a mitas de legislatura ante el volumen de trabajo que entraba en las delegaciones y a las que no se les podía dar respuesta porque la estructura administrativa en las provincias es menor que la de los servicios centrales de las Consejerías. En total habrá 80 delegados.
Los que sí se nombraron ayer fueron los ocho delegados provinciales, los máximos representantes del Gobierno andaluz en cada una de las provincias. La mayoría de ellos siguen en el puesto para el que fueron nombrados en 2019 o han sido ratificados tras ocuparlo en los últimos meses en funciones porque el delegado titular se presentó a los comicios. También hay algunos que ya ocupaban una delegación territorial y, en el caso de Córdoba, el nuevo delegado será el presidente del PP en la provincia, Adolfo Molina.
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