La centralización de contratos de la Junta de Andalucía supondrá un ahorro de 184 millones en la factura de la luz

El Consejo de Gobierno ha aprobado y autorizado este martes el gasto para la segunda y última prórroga del Contrato Centralizado Basado en el Acuerdo Marco de Suministro de Energía Eléctrica para la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y agencias de régimen especial, Consejo Consultivo de Andalucía, Consejo Audiovisual de Andalucía y Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Según el Ejecutivo andaluz, este acuerdo permite renovar por un año más este acuerdo marco, licitado durante 2019 y en el que, por primera vez en Andalucía, se exige que toda la energía que se suministre a la Junta sea de origen 100% renovable.

Si bien se incrementará el gasto respecto a años anteriores dado el notable aumento de los precios de la electricidad, la Junta seguirá manteniendo constante el precio de la luz que pagan las más de 100 entidades adheridas a Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (Redeja), que comprenden todos los centros de consumo de la Administración General y la totalidad de sus entidades instrumentales, los consorcios, así como otras entidades públicas que, de forma voluntaria, suscriben convenios de adhesión, como es el caso de las universidades andaluzas.

El Gobierno andaluz trabaja para impulsar un nuevo modelo energético y se ha marcado como uno de sus objetivos mejorar el ahorro y la eficiencia energética en su propia Administración. Durante la anterior legislatura puso en marcha un contrato centralizado para el suministro de energía eléctrica 100% renovable, formalizado a través de una licitación pública bajo la figura de un Acuerdo Marco gracias al cual en este último año (octubre 2021-octubre 2022) ha evitado un sobrecoste en el precio que ha pagado por la electricidad de más de 184 millones de euros.

Gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía a través de la Redeja, la Junta resalta que este contrato ha permitido mantener en este último año un escenario de precios estable, logrando un “elevado ahorro económico” al no verse afectada la factura eléctrica de su Administración por los efectos de la crisis de precios energéticos, agravada por la guerra en Ucrania, que está repercutiendo directamente en un incremento de precios para todos los consumidores.

CONSUMO ANUAL

En total, según subraya la Junta, un consumo anual de casi 1.000.000 de MWh, el equivalente al consumo eléctrico de las ciudades de Almería y Jaén en todo un año, que, gracias a los precios fijos del acuerdo marco, no se verá afectado durante los próximos doce meses por la volatilidad del precio del megavatio hora en el mercado mayorista.

A este ahorro en la factura de la luz de la Junta se suma la contribución de este contrato sobre el medioambiente ya que, al tratarse de energía eléctrica 100% de origen renovable, también se han reducido las emisiones de CO2 a la atmósfera en casi 500.000 toneladas anuales, según las estimaciones realizadas por la Agencia Andaluza de la Energía.

La gestión de este contrato centralizado no solo es clave por el ahorro económico que conlleva para la Administración regional y su impacto medioambiental. Otra de sus características más importante es la eficiencia en la gestión de los más de 5.000 suministros eléctricos de la Administración regional, que cuenta con edificios e instalaciones de tamaños y consumos eléctricos muy diferentes, como institutos de enseñanza secundaria, oficinas administrativas, instalaciones deportivas, universidades andaluzas o grandes consumidores, como los complejos hospitalarios.

Alineado con este objetivo de eficiencia y ahorro, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 20 de septiembre la formulación del Plan de Ahorro Energético de la Administración andaluza para el periodo 2022-2026, cuya elaboración depende de la Consejería de Política Industrial y Energía en coordinación con el resto de consejerías, y que estructurará la organización y desarrollo de medidas para los próximos cuatro años que contribuyan, directa o indirectamente, a la reducción del consumo energético del Gobierno autonómico y su factura asociada en línea con lo que establece la Estrategia Energética de Andalucía a 2030.