Hacia el fin de los «minijobs» del PSOE en la educación andaluza

El Gobierno del cambio se encontró una larga lista de reclamaciones y reivindicaciones históricas de diversos colectivos. El de las monitoras escolares era uno de los casos más significativos y al que el Partido Popular, estando en la oposición, se comprometió a ayudar si Juanma Moreno llegaba a San Telmo. Cuatro años después, la situación laboral ha dado un giro más que llamativo: en 2019 dejaron de ser despedidas en verano; posteriormente, los precarios contratos de sólo 8 y 12 horas pasaron a ser de un mínimo de 20 horas semanales; y en 2023 otras 200 monitoras escolares pasarán a jornada completa de 35 horas.

Diferentes gobiernos socialistas del pasado convirtieron el perfil profesional de las monitoras escolares en el más precario de todo el sistema educativo, en primer lugar, privatizando y externalizando el servicio, y a continuación ofreciendo contratos de 8 y 12 horas semanales, además de despedirlas de forma sistemática en junio para ahorrar las nóminas de los meses de verano sin clases. La lucha de este colectivo, copado en un 87% por mujeres, supera la década. Entre las funciones del monitor escolar se encuentran: apoyo administrativo en la Secretaría, atención a la biblioteca, transporte escolar, colaboración en actividades extraescolares y deportivas o la vigilancia del comedor.

La mejora de las condiciones laborales desde 2019 es indiscutible, aunque aún no sea como todas las partes desean. Con el cambio de Gobierno, las 426 monitoras escolares que eran despedidas por el PSOE (la mayoría desde 2006 pero también algunas desde 2004) pasaron, tras acuerdo con los sindicatos, a cobrar todos los meses del año, elevando las horas de contratación a un mínimo de 20, cuando el PSOE tenía contratos en precario de 8 y 12 horas. Casi el 77% de las monitoras habrán visto mejoradas con este Gobierno sus condiciones laborales con el impulso que Patricia del Pozo ha dado al compromiso de que, de forma progresiva, todo el colectivo disponga de una jornada completa de 35 horas. Así, serán 200 monitoras más las que en 2023 pasarán a jornada de 35 horas, con el objetivo de seguir mejorando la calidad del servicio en los centros y la atención al alumnado. Supone una inversión de más de 2,7 millones de euros a sumar a los más de tres millones de los acuerdos de la anterior legislatura. De esta forma, de las 1.672 profesionales totales, 1.283 ya estarán a 35 horas en 2023. Es decir, que quedarán 389 con jornada parcial, es decir, el 23%.

CCOO ha reclamado la convocatoria por la vía de urgencia de la mesa de negociación para exigir que se suba a las 589 monitoras escolares a tiempo parcial y no solo a 200, algo que desde el Gobierno insisten en que se producirá «de forma progresiva».

OTRAS MEJORAS

A finales de abril de 2022, se firmó la mejora salarial de los docentes para la equiparación con la media nacional. El acuerdo contempla una subida progresiva en tres cursos, con un presupuesto superior a los 220 millones.

Con respecto a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, en 2018 el sistema educativo contaba con 1.917 PTIS (Personal Técnico de Integración Social), 726 de Función pública y 1.191 dependientes de empresas. En este curso son 2.665 PTIS, es decir, 748 más, un incremento del 28%. 965 son de Función Pública y 1.760 de empresas de servicios. En 2023, se sumarán otras 100 PTIS de Función Pública.

En cuanto a los Monitores de Educación Especial, este curso se han alcanzado los 3.055. En 2018 había 2.353. El incremento es de casi un 30%. El presupuesto de educación especial ha subido desde 2018 un 44%, hasta rozar en 2023 los 500 millones, lo que da idea del déficit de recursos que tenía el sistema en 2018.

El presupuesto de 2023 también contempla la homologación salarial de los 68 educadores sociales de Educación con los del resto de Consejerías. En cuanto a la incorporación de profesionales para el curso 22-23, han sido 4.815, incluyendo refuerzos docentes en infantil, primaria y secundaria, orientadores, pedagogía terapéutica o audición y lenguaje. La inversión es de 295 millones, incluyendo la partida de la segunda fase de las mejoras salariales de los docentes andaluces para la equiparación con la media nacional.