Almería, Córdoba y Cádiz tendrán ayudas para industrialización

La estructura productiva andaluza afronta desde hace décadas un problema por la falta de un tejido industrial fuerte. Mientras que el sector primario supone un 6,3 por ciento del Valor Agregado Bruto de la economía andaluza frente al 2,6 del conjunto de España, en la industria la realidad es completamente distinta: un 13,5 por ciento en la comunidad frente al 17,6 del país.

El Gobierno andaluz se comprometió en 2020 a iniciar una nueva política industrial de Andalucía en el horizonte 2030. La apuesta giraba en torno a la colaboración público-privada y el diálogo con otras administraciones. El objetivo, según figuraba en el acuerdo ratificado en Consejo de Gobierno, pasaba por «mejorar la modernización e incrementar la productividad del tejido industrial andaluz, favorecer la atracción de nuevas inversiones y las exportaciones, así como impulsar la digitalización y la innovación, transferencia del conocimiento y desarrollo tecnológico».

Aunque el déficit industrial es generalizado en las ocho provincias andaluzas, la situación no es la misma en cada una de ellas. Así, las provincias de Cádiz, Almería y Córdoba deben afrontar el cierre de instalaciones de generación de electricidad a partir de carbón. Por ese motivo, van a recibir un plan de ayudas especial que elabora la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Las subvenciones se enmarcan dentro del denominado Fondo de Transición Justa, uno de los instrumentos con los que cuenta la Unión Europea para apoyar a las regiones en la transición hacia la neutralidad climática de aquí a 2050. En concreto, se trata de un programa que persigue «aligerar el impacto de la transición financiando la diversificación y la modernización de la economía local y mitigando las repercusiones negativas en el empleo. A fin de lograr estos objetivos, el Fondo de Transición Justa apoya inversiones en ámbitos como la conectividad digital, las tecnologías energéticas limpias, la reducción de emisiones, la regeneración de zonas industriales, el reciclaje de trabajadores y la asistencia técnica».

Por ese motivo, las provincias elegidas para este programa concreto son Cádiz, Córdoba y Almería. Según consta en el borrador de Orden que prepara la Consejería, «la primera de ellas, «y en especial los municipios afectados por el cierre de la central de carbón de Los Barrios, se enfrentan a un impacto directo sobre 153 puestos de trabajo y la situación de fragilidad económica que provoca el cierre de un centro industrial de gran importancia».

En el caso de Córdoba, se trata de dar respuesta al cierre de la central de Puente Nuevo, ubicada en el Valle del Guadiato, comarca afectada en la década anterior por la minería del carbón, que llegó a emplear a 1.300 personas hasta que en 2010 cerró su última mina, concluyendo así la actividad minera de la zona tras más de 150 años de tradición. Este cierre, «afectó a unos 129 puestos de trabajo».

En el caso de Almería, las acciones se concentrarán en Carboneras como municipio en el que se ha producido el cierre de la central de carbón, una de las más grandes de España y que se enfrenta «a la pérdida de 269 puestos de trabajo en la central y otros 42 en el puerto, sufriendo, además, impactos en otros sectores que compartían procesos o subproductos con las actividades industriales».

Esta iniciativa aprobada por la Unión Europea ha sido coordinada en España por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto demográfico. El Plan Territorial de Transición Justa y el Programa de Transición Justa de España 2021-2027 se destinará a las seis comunidades autónomas afectadas: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León Galicia e Islas Baleres.

Con un presupuesto global de 17.500 millones de euros para el periodo 2021-2027, España recibirá 868,7 millones de euros, de los que Asturias recibirá 263 millones y Castilla León con 197 serán las que percibirán más fondos. A Andalucía le han correspondido 154 millones.

El programa español advierte de que, en el caso de Cádiz, «la ubicación de la central térmica cerrada ha sido fundamental para el desarrollo del sector industrial de la provincia, tanto en tamaño como en tipología» y pronostica que «el impacto en el empleo ocasionado por el cierre de la central no se va a reducir únicamente a las personas trabajadoras propios de la central y/o a los de las subcontratas o empresas auxiliares de la misma, sino que incide directamente en la decadencia y cierre del tejido productivo indirecto asociado a la misma».

También detalla como objetivo de las acciones de diversificación, «la creación de 392 puestos de trabajo, mediante el apoyo a 335 empresas. La idea de la Junta de Andalucía es primar «los proyectos que se ejecuten antes y generen un mayor empleo tendrán prioridad».