El juzgado número 4 de Ávila investiga si trabajadores de la cárcel de Brieva, en la provincia de Ávila, tuvieron sexo con Ana Julia Quezada, a quien le consta una condena de prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, a cambio de tener acceso a un teléfono móvil. Dos empleados de la prisión ya han dejado de trabajar en la misma.

En concreto, según publica el diario 'El País', el juzgado investiga desde hace casi un año un posible delito de cohecho por parte de algunos funcionarios de la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) por este hecho.

La información recoge que la declaración de un educador del centro penitenciario coincide con las de otras tres reclusas y la de una cuarta mujer, actual pareja de Quezada.

Los informes defienden que la condenada por el asesinato de Gabriel Cruz había mantenido sexo con trabajadores de la prisión y con el cocinero, relaciones que podría haber grabado con el teléfono móvil que le facilitaron para intentar "chantajear" a la dirección del centro penitenciario y conseguir así su traslado a Barcelona.

Además, en uno de los informes de la directora del la prisión, Laura Pérez, reconoce que tuvo "conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna" a través de un educador. "La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda", recoge el informe de la directora.

Los dos trabajadores de la prisión de Brieva (Ávila) que han sido investigados por un presunto delito de cohecho en la persona de una interna, Ana Julia Quezada, condenada prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2019, han dejado de trabajar en el centro penitenciario.

Según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, los dos trabajadores de la prisión de Brieva, un funcionario y otro personal laboral, han sido investigados por la Guardia Civil por "un presunto delito de cohecho por dar un trato de favor a una interna a cambio de recibir favores sexuales".

Estos dos empleados han dejado de trabajar en el centro penitenciario una vez que ha concluido la fase de investigación y la toma de declaraciones a los implicados y a los testigos, la Guardia Civil ya ha remitido las diligencias al Juzgado de Ávila, según ha indicado Galeano. Será ahora este juzgado el que deba marcar las actuaciones a realizar.