Andalucía dará subvenciones de hasta 30.000 euros a promotores para hacer VPO

E l Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto-ley que flexibiliza medidas urbanísticas para impulsar la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos años. Se trata de uno de los compromisos que adquirió el presidente Juanma Moreno en el Debate sobre el Estado de la Comunidad celebrado en el Parlamento de Andalucía el pasado mes de diciembre. Es una iniciativa de carácter urgente mientras el Ejecutivo autonómico cumple todos los trámites para aprobar su Ley de Vivienda, cuyo anteproyecto se inició en julio de 2024.

La falta de vivienda asequible es uno de los principales problemas en la actualidad. Una cuestión que afecta fundamentalmente a los más jóvenes. En línea con estudios del Banco de España, la patronal andaluza de los promotores inmobiliarios, Fadeco, señala que faltan 100.000 viviendas en la comunidad autónoma. Teniendo en cuenta que la construcción de inmuebles es un proceso que tiene unos plazos mínimos elevados, la iniciativa del Gobierno andaluz pretende actuar sobre los plazos burocráticos y facilitar la puesta a disposición de suelo tanto a empresas públicas como privadas.

El Decreto ley se marca como primer paso la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida, mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización. Así, se permitirá que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas. Además, se podrá aumentar la densidad de viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales si hay compromiso de que sean protegidas.

En las parcelas para vivienda libre se podrá incrementar un 20% la densidad de viviendas y su edificabilidad de manera proporcional. Mientras, en las parcelas para vivienda protegida, el incremento también podrá ser del 20% y la edificabilidad del 10%.

Además, la Junta de Andalucía permitirá edificar viviendas protegidas en las parcelas, sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística, siempre que se respeten una serie de límites que garantizan el equilibrio entre los usos residenciales y los equipamientos y la adecuada integración en el entorno urbano.

Las licencias para los proyectos de vivienda deberán solicitarse en un plazo máximo de dos años y las viviendas deberán construirse en un plazo de tres años. Para ello, será necesario un acuerdo municipal en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto para aplicar las medidas en función del desequilibrio entre demanda de suelo para vivienda protegida y la oferta disponible.

En segundo lugar, se promueve la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos, como ya establece la Lista. La novedad que incorpora este Decreto ley es que esta compatibilidad se podrá aplicar, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, cuando las parcelas de equipamiento no tengan uso específico o estén calificadas con el uso genérico de interés público y social.

El plan de choque también pone en marcha medidas como la posibilidad de incorporar promociones con un número significativo de viviendas protegidas a la Unidad Aceleradora de Proyectos, que supondrá una mayor agilización en su tramitación, con la condición de que los proyectos residenciales sean de, al menos, 250 viviendas protegidas. También podrá asignarse el desarrollo de suelo residencial que contemple más de 500 viviendas, con la correspondiente reserva de suelo para vivienda protegida.

Las medidas cuentan con el aval de los promotores para que se involucren en la construcción de viviendas protegidas. Se incluye la creación de una bolsa de suelo, que se hará en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes, para mostrar la disponibilidad existente para construir viviendas a precio asequible. Los ayuntamientos tendrán tres meses para informar de los suelos que tienen de reserva de vivienda protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas. En paralelo, el promotor dispondrá un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes y comenzar la precomercialización.

Además, los promotores podrán acceder a incentivos para la construcción: préstamos de los fondos europeos Next Generation para promover vivienda y una línea de subvenciones para que los promotores construyan viviendas en alquiler asequible, con precios limitados, sobre suelos públicos o privados y que al menos se mantengan durante 20 años. Las subvenciones pueden alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda que se construya.

Solo 3.216 VPO entre los años 2014 y 2018

Según datos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, el Ejecutivo autonómico ha triplicado la construcción de viviendas protegidas tras iniciarse 10.258 en últimos cinco años. Los datos señalan que entre 2014 y 2018 se iniciaron 3.216 viviendas y entre 2019 y 2023, 10.258. Esto supone que el decreto-ley que prevé levantar 20.000 inmuebles a precio asequible debería duplicar lo hecho desde que Juanma Moreno es presidente en esta materia y multiplicar por 6 la construcción de VPO con respecto al último Gobierno socialista. Al margen del número final que resulte, el texto también amplía los potenciales beneficiarios de inmuebles protegidos al elevar la horquilla de sus ingresos, que estarían entre un límite de 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples) para las de régimen general y de 7,7 veces el IPREM para las de precio limitado.