Andalucía pone freno a las malas prácticas de los detectives privados

Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de la ciudadanía. Andalucía será la quinta comunidad de España tras Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia en contar con un Colegio Profesional de Detectives privados. El borrador del anteproyecto de Ley está a punto de cumplir el trámite de información pública. Los detectives privados andaluces representan aproximadamente un 25% del total de los profesionales del sector en el ámbito nacional. De hecho, la región cuenta con numerosos centros de estudios de detectives, contando con hasta seis universidades que ofrecen esta formación.

Entre los fines que cumplirá el colegio hay que destacar la defensa de los intereses de las personas colegiadas, velar por una correcta práctica profesional, evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal, funciones de representación e interlocución, así como la colaboración con los tribunales, ordenar la actividad o la organización de servicios de interés para sus colegiados.

El detective es un profesional preparado para resolver problemas en múltiples campos muy diversos: investigaciones laborales (absentismo laboral, bajas, competencia desleal), investigaciones personales (antecedentes familiares, custodia hijos, malos tratos), investigaciones financieras (quiebras, insolvencias, embargos, deudores), investigaciones comerciales (actividad comercial, estudio de mercado), arrendamientos irregulares (dedicación de vivienda, subarriendos) o investigaciones técnicas (contra vigilancia, seguimiento de vehículos, investigaciones industriales, mutuas). Este colectivo por tanto, viene a cumplir una labor fundamental para toda la sociedad en general.

La Junta expone dos argumentos básicos para justificar la creación del Colegio Profesional. Por un lado, «garantizar que el ejercicio de la profesión esté ajustado a las normas y reglas que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, quedando por tanto así garantizada la última finalidad, que es la protección de los derechos e intereses de la ciudadanía». Y en segundo lugar, «velar por que la actuación de los profesionales responda a los intereses y necesidades de la sociedad en relación al ejercicio profesional, y especialmente, para garantizar el cumplimiento de la buena práctica y de las obligaciones deontológicas de la profesión».

Borrador de anteproyecto

El anteproyecto de ley consta de la exposición de motivos, nueve artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales. Sus preceptos regulan la creación de la Corporación de Derecho Público, su ámbito territorial y personal, la colegiación de carácter voluntario y sus relaciones con la Administración autonómica, previendo, asimismo, la creación de un registro de personas colegiadas.

En su artículo 7 se regula el periodo constituyente, gestionado por una comisión gestora. Culminado este periodo, será la Asamblea General constituyente la que apruebe los estatutos definitivos del Colegio y proceda a la elección de las personas integrantes de los órganos de gobierno, momento en el que la Corporación profesional adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.

Para ejercer de detective privado se debe obtener un título universitario de grado en el ámbito de la investigación privada que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien el título del curso de investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior. Asimismo, se exige la habilitación expresa para el ejercicio de la actividad por parte del Ministerio del Interior.