El PP andaluz pide a Europa que no aplique las sentencias exculpatorias del caso ERE

El PP andaluz ha elevado a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla un escrito, en el que pide plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "que se inapliquen las sentencias del Tribunal Constitucional" que anulan las condenas de dicha instancia a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía; avisando de que las mismas "generan impunidad en la lucha contra la corrupción".

El escrito del PP andaluz plantea nuevos aspectos respecto a las alegaciones ya formuladas por el partido a la petición formulada por Manos Limpias para que la Sección Primera de la Audiencia plantee ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una "cuestión prejudicial interpretativa" sobre si las sentencias del Constitucional sobre el asunto son "compatibles" con el artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que declara que los estados miembro "combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión".

Ello, después de que el Tribunal Constitucional, con una mayoría de siete magistrados a favor y cuatro en contra, admitiese parcialmente los recursos de amparo de diez de los ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por dicha instancia provincial por prevaricación y en otros casos también por malversación, en el procedimiento específico de financiación autonómica de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.

Dado el caso, el TC anulaba la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla con relación a exdirigentes socialista de la Junta como los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía Magdalena Álvarez, el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo o el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

Tras anular dichas condenas, el Constitucional ordenaba a la Sección Primera de la Audiencia la emisión de nuevas sentencias, teniendo en consideración los fundamentos jurídicos incorporados por el tribunal al asunto.

A grandes rasgos, el TC ha declarado que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en su sentencia inicial condenatoria y el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían "incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española"