La atención temprana, sin visos de mejoras en breve

La incertidumbre en los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) crece. La Consejería de Salud no garantiza una subida en el precio por sesión financiado en la actualidad, fijado en 28 euros la hora, a los menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos. Al menos, en una cuantía ajustada a los costes reales del servicio. Ya es seguro que el actual concierto, con esas insuficientes condiciones, se prorrogará –hasta nueve meses como máximo se permite– mientras la Junta da forma a los nuevos pliegos, después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tumbara los planteados para los próximos años, previa impugnación de distintas organizaciones, sindicatos y centros especializados.

En la jornada de ayer, la propia consejera de Salud, Rocío Hernández, mantuvo distintas reuniones con portavoces de un colectivo que ofrece servicio a más de 30.000 menores en Andalucía.

La problemática pasa por aumentar la financiación. Los casi 97 millones de euros –para 24 meses– contemplados por la Junta no garantizan un servicio ni adecuado ni rentable para los CAITs. Pero la Consejería se escuda en que los presupuestos ya están cerrados, con lo que normalizar el servicio de manera homogénea y eficaz resulta imposible.

Como sucede con la sanidad pública en general, la principal preocupación de la Junta es reducir las listas de espera. Si el presupuesto no se amplía solo caben dos opciones: reducir el número de sesiones por menor o que las listas de espera se disparen aún más. La administración ha reclamado a los centros datos concretos sobre las altas por buena evolución y la gestión que se hace por parte de las entidades al respecto. La realidad es que los CAITs están desbordados, atendiendo a más pacientes de los que permiten las plazas concertadas. Los menores son una población altamente sensible y muchos de los trastornos tratados requieren una atención prolongada. Por lo que el mensaje lanzado por parte de los centros ha sido que la administración debe comprender que las altas por buena evolución son limitadas y que el servicio necesita urgentemente más recursos.

La consejería no abrió una mesa técnica en su día para que el sector pudiera participar en la confección de los pliegos, lo que podría haber evitado la impugnación posterior. Además, la Ley obliga a la creación de un Consejo de Atención Temprana que todavía no se ha configurado. Si no se aumentan los recursos, muchos lotes podrían quedar desiertos, lo que se traduciría en el cierre de algunas entidades y una perdida de la calidad asistencial.

Dada la situación actual, el sector demanda iniciar ya una negociación de cara al presupuesto de 2026 para que la financiación se ajuste al coste real del servicio.