Cae una red de inmigración ilegal liderada por una mujer de 65 años

La Policía Nacional ha desarticulado una trama delictiva de inmigración ilegal, en la que la cabecilla, una mujer de 65 años de origen peruano, directamente o a través de terceras personas, favorecía la estancia irregular en territorio español de ciudadanos extranjeros.

En un comunicado, la Policía Nacional ha explicado que la investigación, realizada por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de La Línea de la Concepción (Cádiz), permitió descubrir el modus operandi de la organización, que consistía en solicitar cartas de invitación a familiares y amigos para que pudieran viajar a España y entrar legalmente en el país por los puestos fronterizos simulando viajes vacacionales.

Además, les sufragaban los billetes de avión y, una vez en territorio nacional, les facilitaban el empadronamiento en dos domicilios de la localidad de La Línea, contrayendo así una deuda de 4.000 euros que devolvían trabajando en un establecimiento de alimentación regentado por la principal investigada.

Una carta de invitación es un documento por el cual un español o un extranjero residente legal en España solicita el acogimiento de un extranjero por un período no superior a 90 días, con el compromiso de hacerse cargo de dicha persona durante su período de estancia en el país, y que en ningún caso autoriza a trabajar por cuenta propia o ajena.

En total se han detectado diez solicitudes de cartas de invitación fraudulentas.

A través de la colaboración de la Oficina Municipal del Padrón de La Línea de La Concepción se han localizado dos domicilios en los cuales la cabecilla ha empadronado, directamente o a través de terceras personas, a diecinueve ciudadanos extranjeros sin ser el domicilio efectivo de ninguno de ellos.

La principal investigada regenta un establecimiento de alimentación donde ofrecía trabajo a varias de estas personas extranjeras sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, careciendo de autorización de residencia y trabajo, hechos que quedaron constatados en una indagación conjunta con la Inspección de Trabajo de Cádiz