La Guardia Civil ha investigado a seis personas en la provincia de Cádiz por emitir de forma fraudulenta certificados de aptitud psicofísica necesarios para la obtención o renovación de permisos como el de conducir, la licencia de armas, titulaciones náuticas o autorizaciones para perros potencialmente peligrosos.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la investigación se enmarca en la operación Medicis II, desarrollada por agentes de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Cádiz, tras detectar anomalías en informes presentados por particulares.

En total se han inspeccionado 12 centros de reconocimiento médico, en los que se han detectado una docena de infracciones administrativas graves y muy graves.

Entre los investigados se encuentran directores de centros médicos, médicos y psicólogos, a los que se atribuyen delitos de falsedad documental, estafa y, en algunos casos, intrusismo profesional y usurpación de identidad.

Durante meses, los agentes han desarrollado tareas de vigilancia sobre centros sospechosos, de tal forma que descubrieron que, al menos en dos de ellos, se emitían certificados sin realizar los reconocimientos exigidos por ley.

En algunos casos, los documentos se firmaban sin que el facultativo hubiese estado presente; en otros, los profesionales carecían de la titulación habilitante, e incluso se detectó que un farmacéutico jubilado practicaba exámenes de capacidad visual.

Los testimonios recogidos a clientes antes y después de someterse a las supuestas pruebas corroboraron las sospechas: muchos de ellos afirmaron no haber sido evaluados por los facultativos obligatorios y que sus exámenes fueron incompletos, obviando patologías relevantes que podrían haber conllevado la emisión de un informe "no apto" o "apto con restricciones".

Además del riesgo que supone que personas sin las condiciones psicofísicas adecuadas puedan conducir vehículos, portar armas o manejar embarcaciones, este tipo de prácticas, según la Guardia Civil, supone una competencia desleal frente a centros que sí cumplen con los requisitos legales, lo que repercute en sus costes operativos.

Fruto de la operación, se ha detectado a 38 personas cuyas aptitudes están en entredicho, de las que a 21 ya se les ha revocado la licencia de armas tras constatar que no reunían las condiciones necesarias, o bien renunciaron a la licencia antes de someterse a una revisión oficial.

La Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico y la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz, a las que ha solicitado evaluar los casos detectados.

La Comandancia gaditana advierte de la gravedad de estos hechos al recordar que el uso de vehículos, armas o embarcaciones por personas no aptas puede acarrear consecuencias fatales, y también subraya la importancia de cumplir la normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos, ya que su mal manejo representa un riesgo para la seguridad pública.