Enésima batalla

El Constitucional reabre la guerra entre las izquierdas andaluzas

Adelante pide la dimisión de la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, "inhabilitada para la política"

Diputados de Adelante Andalucía
Diputados de Adelante AndalucíaEp

Las izquierdas andaluzas volvieron a protagonizar una batalla en la permanente guerra que mantienen por el control del ideario más rojo. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, reclamó ayer la dimisión de Inmaculada Nieto como portavoz parlamentaria de Por Andalucía, al estar «inhabilitada para estar en política», a raíz del fallo del Tribunal Constitucional tras el recurso de amparo que presentó Teresa Rodríguez por su expulsión del entonces grupo Adelante Andalucía, que conformaban Izquierda Unida y Podemos Andalucía en la pasada legislatura, junto con otros 11 parlamentarios y que pasaron a ser diputados no adscritos.

García señaló que el Constitucional «certificó lo que era una operación de régimen», que tenía el objetivo de lograr «la muerte civil de Teresa Rodríguez y de Adelante». «Se pusieron de acuerdo IU y Podemos, que se llevan a matar», según García, para «cargarse cualquier atisbo de una voz andaluza», razón por la que también señaló a «Enrique Santiago, Martina Velarde y Toni Valero», además de recordar a «dirigentes del PSOE que le tenían muchas ganas a Teresa Rodríguez».

«IU y Podemos tuvieron más interés en que no existiéramos que en plantear una alternativa a la derecha», añadió. Y enfatizó que «despidieron a 20 trabajadores saltándose la normativa, se nos llamó tránsfugas y corruptos, nos llamaron ladrones», mientras «los dirigentes de IU se apropiaron de dos millones que no le correspondían y prefirieron una oposición de cinco a una de 17».

Nieto aseguró que no iba a «alimentar la confrontación y esta forma de personalizar las cosas». «Esto es política y le debemos un respeto a la gente que representamos», añadió. «Los tiempos políticos son más rápidos que los jurídicos», apuntó, recordando que la reforma del Reglamento del Parlamento se hizo a posteriori y defendiendo que la Mesa adoptó su decisión «sabedora de que tenía una laguna en su Reglamento». Nieto argumentó que los diputados expulsados y que pasaron a ser no adscritos «conservaron intactos» sus derechos individuales, entre los que ha mencionado «salarios, retribuciones, presencia en comisiones, en el Pleno, derecho a hacer iniciativas», y que por todo ello «la Cámara respetó sus derechos individuales».

No es lo que opina Adelante Andalucía. «Cambiaron el Reglamento a posteriori para quedarse con el dinero de 17 parlamentarios», sostuvo García, asegurando que «el Parlamento cercenó los derechos de casi el 10% de la Cámara».

Teresa Rodríguez indicó en Canal Sur Radio que ahora se siente «incluso peor» que cuando se produjo su expulsión del grupo parlamentario, porque ahora tiene la «certeza absoluta» de que «lo que ocurrió no sólo fue ilegítimo, lamentable a nivel político, sino que fue absolutamente ilegal», y pese a ello «no va a haber absolutamente ninguna consecuencia», de forma que «la impunidad va a ser total». Rodríguez incluso adivinó una especie de conspiración: «La tardanza del Constitucional en resolver su recurso de amparo forma parte también de la operación que nos hicieron a varios niveles para sacarnos de la política en este país», concluyó.

Nieto aseguró que sí hubo autocrítica «explícita» a través de los medios sobre «un proceso que fue doloroso», con «disculpas expresas a la ciudadanía», antes de considerar como «legítimo» que «Adelante Andalucía se presente diferente al resto», así como que «el resto se ha mantenido unido para trabajar en ese espacio para dar respuesta a la gente».

Por su parte, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, expresó el «respeto absoluto» a la resolución del Constitucional y señaló que será el tribunal de garantías el que deberá aclarar las «consecuencias» de su sentencia.

Teresa Rodríguez, además, aboga por salir a la calle para defender la autonomía andaluza, frente a las negociaciones de Sumar en Madrid con otras comunidades para otorgar privilegios frente a otros territorios a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.