28 años de cárcel para el hombre que fingió ser cura y robó, mató y enterró a un esquizofrénico en Córdoba

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a 28 años de cárcel al principal acusado del conocido como crimen de La Chica Carlota, un hombre que se hizo pasar por cura para estafar y después robar y asesinar a un varón de 45 años que padecía esquizofrenia paranoide. Después lo enterró en el patio de su casa, en la aldea cordobesa que da nombre al suceso.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia condena al falso cura a 18 años de prisión por un delito de asesinato, 5 años por robo con violencia con la agravante de reincidencia, otros tres años por un delito continuado de estafamediante el uso de tarjetas de crédito y dos años por otra estafa continuada en la prestación de servicios profesionales. Esta última pena también recae sobre el abogado que lo ayudó a engañar a la víctima. Además, ambos deberán indemnizar conjunta y solidariamente a los herederos del fallecido con 9.680 euros.

El abogado, por otra parte, es absuelto de los delitos de asesinato, robo y estafa mediante el uso de tarjetas de crédito, mientras que el principal condenado se libra de los delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa y usurpación de estado civil. Eso sí, tendrá que indemnizar con 20.000 euros a cada uno de los ocho hermanos de la víctima, y con 1.535 euros más al hermano del asesinado que pagó el entierro. En cuanto a lo que robó, reintegrará la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. Por la estafa deberá abonar 46.338 euros, de los el BBVA responderá hasta 43.338 euros ante la eventual declaración de insolvencia del condenado.

El jurado popular que enjuició este caso declaró culpable al falso cura del asesinato de Juan Carlos Rodríguez pero consideró que no había quedado acreditado que hubiera un plan acordado con el abogado para cometer los hechos.

El jurado dio por probado que Juan Carlos padecía esquizofrenia paranoide y tenía reconocida la situación de incapacidad permanente absoluta para desempeñar cualquier trabajo, por lo que percibía una pensión de unos 1.500 euros mensuales. Carecía “de apoyo familiar directo”, pero “tenía noción de las situaciones básicas de peligro físico y capacidad de autodefensa”.

“Por tener la idea de haber sido objeto de abusos sexuales durante su infancia”, la víctima contactó a través de Internet con el abogado para que ejercitase acciones penales. Este investigado, “percatándose de la enfermedad mental y con intención de beneficiarse a costa de este, aceptó el encargo profesional y para sostener ese engaño puso en contacto a la víctima” con el asesino, que resultó ser “uno de sus clientes, al que había defendido por su implicación en delitos varios”, y que fingió ser su investigador.

La víctima hizo varias transferencias entre el 1 de marzo y el 12 de junio de 2017 por un importe total de 9.680 euros, incluyendo como concepto en alguna de ellas “provisión de fondos para el investigador”. El cliente del abogado que hizo esa labor de “pretendido investigador” también “se hizo pasar por sacerdote del Arzobispado de Madrid y, tras hablar varias veces por teléfono con la víctima, estuvo en su casa “varias horas” entre el 5 y el 6 de julio de 2017 “a fin de hacerle creer que trabajaba en la preparación de una determinada denuncia, para que le pagara honorarios por un trabajo inexistente”.

El procesado consiguió que el entonces perjudicado transfiriese los 9.680 euros referidos al abogado, a la vez que “consiguió que hiciese actos de disposición patrimonial en su perjuicio, para obtener un beneficio ilícito”.

Meses después, con la intención de “apoderarse de cuantos objetos de valor encontrara en casa de Juan Carlos, decidió acabar con su vida”. Lo llevó a cabo entre el 3 y el 5 de septiembre de 2017, para lo cual se desplazó a su domicilio y en la madrugada del 7 de septiembre, “valiéndose de utensilios adquiridos previamente, enterró el cadáver de su víctima en el patio de la casa”. El cuerpo fue hallado el 12 de agosto de 2018, seis meses después de que su asesino fuese detenido en Madrid cuando circulaba con el coche de la víctima.

Al principal acusado se le intervinieron tarjetas bancarias y el permiso de conducir, tarjetas sanitarias, una cartilla de banco, el pasaporte y ordenadores de Juan Carlos, de los cuales se apoderó tras asesinarlo. También realizó varias extracciones de efectivo, por más de 7.000 euros, y dispuso de varias extracciones de un préstamo preconcedido por 30.000 euros.