Un empleado de UGT-A niega haber falseado facturas

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha seguido este miércoles con el juicio promovido contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, testificando un antiguo empleado del área de Contabilidad, que ha expuesto diferentes aspectos sobre el "bote" cosechado mediante la práctica de las presuntas facturas falsas y ha negado haber falseado facturas.

En concreto, este miércoles ha prestado declaración como testigo el que fuera empleado del área de Contabilidad del sindicato Dionisio López García, quien ha profundizado en la economía de la organización, en este juicio promovido contra el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Según el titular del Juzgado de Instrucción número nueve, Juan José Vélez, entre 2009 y 2013 mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado".

EL TESTIMONIO DE MACÍAS

El extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, "información reservada y sensible" de la trama ahora sometida a este juicio, testificaba en ese sentido que el sindicato orquestó un sistema de "facturas fraudulentas o falsas" con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un "bote" o "fondo de reptiles" con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.

El "excedente" económico fruto de la diferencia entre la cuantía reflejada en la factura del proveedor a cargar a programas subvencionados y el dinero efectivamente pagado, según sus palabras, era empleado para sufragar "bienes o servicios que no se podía imputar a las subvenciones".

Al respecto, y a preguntas del fiscal Fernando Soto, este empleado del área de Contabilidad del sindicato ha manifestado que no recuerda al detalle su comparecencia ante la Guardia Civil en la que según ha recordado el representante del Ministerio Público, señalaba que el citado "bote" era destinado a "fines muy distintos" a los de las subvenciones obtenidas por el sindicato para acciones de formación para el empleo.

Exponiendo el tiempo transcurrido desde entonces, este testigo sí ha corroborado que había facturas que "no iban acordes" respecto a la temporalidad de los servicios o productos contratados o a los conceptos concretos.

LA FACTURA DE 30.000 EUROS DE CHAVSA

Al punto, el fiscal le ha preguntado por un informe pericial aportado por una de las defensas según el cual este testigo habría "falsificado" una factura de 30.000 euros cargada al sindicato a nombre de la empresa Chavsa, según sus palabras, extremo que ha despertado las protestas de varios de los abogados defensores.

El testigo, ante ello, ha negado haber falseado facturas o haber incurrido en "algo parecido", explicando que junto a las facturas él sólo incorporaba un documento "anexo" que no era la factura como tal.

"Yo nunca he elaborado una factura a nombre de un proveedor", ha aseverado este testigo otrora miembro del área de Contabilidad de UGT-A, quien en paralelo ha reconocido que el mencionado "bote" alcanzaba un volumen económico "bastante elevado" porque "cualquier operación generaba un importe muy grande".

Ante la pregunta de uno de los abogados defensores sobre si dicho bote caía en ocasiones a "negativo", es decir números rojos, el testigo ha manifestado no estar seguro de situaciones así, aunque ha considerado que de ser de ese modo, "se compensaría".