Ofensiva contra la «quiebra social» que supone la amnistía

Andalucía redobla su ofensiva contra la amnistía pactada por el PSOE y los partidos independentistas catalanes, una medida que supone una «quiebra social sin precedentes» y que está movilizando cada vez a más sectores. No sólo la Junta y los ayuntamientos, en el ámbito institucional, y el PP y Vox, en lo orgánico, se están manifestando en contra. También los empresarios, la Universidad y la Judicatura. Precisamente, los jueces, fiscales, procuradores y abogados andaluces protagonizaron concentraciones históricas, colectivos poco dados a expresar sus opiniones políticas.

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, anunció que la Junta ya trabaja en un recurso de inconstitucionalidad contra la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados. A su juicio, se trata de una medida «diseñada por políticos para obviar delitos que cometieron políticos; una amnistía que lo perdona todo, según dicen, por el interés general y que dejará de juzgar a personas que cometieron gravísimos delitos contra el Estado, contra el orden público o contra las arcas públicas con el dinero de todos». Según el portavoz del Gobierno andaluz, la ley pactada con los independentistas a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez «deroga de facto la separación de poderes y viene a decirnos que España no es un Estado de derecho» y criticó que el presidente del Gobierno en funciones «no atiende a razones, no atiende al sentido común y tampoco atiende a lo que debe ser la lealtad institucional básica».

En este sentido, la Junta emprenderá todas las acciones a su alcance, incluso judiciales, para defender la igualdad de todos los españoles y evitar que Andalucía sea una comunidad «de segunda». «No vamos a permitir que se nos trate como a ciudadanos de segunda ni vamos a permitir agravios que vengan a mermar nuestros derechos».

El año pasado se celebró por primera vez el Día de la Bandera de Andalucía el 4-D, una ocasión que ahora la Junta quiere revestir de un tono más reivindicativo. La jornada, según Fernández-Pacheco, estará cargada de «un simbolismo especial porque nunca antes se habían puesto en entredicho tanto los logros que se consiguieron».

Por su parte, profesionales del ámbito judicial protagonizaron concentraciones en Sevilla, Cádiz, Huelva y Jaén. En la capital hispalense se concentraron unas 400 personas ante la Audiencia Provincial. «Es un imperativo categórico y ético entender la preocupación de los miembros de la carrera judicial y de todas las profesiones jurídicas respecto a la independencia del poder judicial», dijo el juez decano, Francisco Guerrero. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se reunió de forma extraordinaria para expresar su preocupación. En un comunicado, los magistrados señalaron la «enorme trascendencia y repercusión jurídica y social» de la norma y añadieron que «trasluce grave desconfianza en el poder judicial». Además, incidieron en que el principio de separación de poderes constituye un pilar fundamental de un Estado democrático de derecho y es una de las exigencias básicas en los países que forman parte de la Unión Europea.

Los empresarios vienen alertando de las consecuencias de la ley y de otras cesiones, sobre todo en materia de inversiones, a los independentistas. Para el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, «el Estado de derecho no puede arrodillarse» ante quienes «en el año 2017 incumplieron la norma y cometieron delitos y ahora se le está dando la vuelta al argumento». «Se está creando un relato equivocado».