La Fiscalía Superior de Andalucía da dos toques a la Junta y al Parlamento

La Fiscalía Superior de Andalucía acaba de publicar su memoria correspondiente a 2021 y el documento se abre con dos toques de atención directos a los políticos que dirigen la comunidad. Uno, por la falta de un presupuesto propio para una institución fundamental para el orden público. Y otro, por la incapacidad de los gestores públicos para acabar con el estado de “abandono” de la sede del Ministerio Público, en Granada, una situación que “no debiera persistir” porque además afecta a un Bien de Interés Cultural (BIC).

Así se expresa la fiscal, Ana Tárrago, que utiliza términos tan claros como “desilusión” o “especialmente grave” para referirse a la actitud de la Junta de Andalucía y del Parlamento ante determinadas obligaciones, algunas de ellas incluso consignadas en acuerdos ya aprobados, así que vienen de lejos.

La primera queja de la Fiscalía Superior tiene que ver con los fondos públicos específicos de los que debería disponer. “Seguimos sin obtener la singularización presupuestaria que debiera llevar a cabo la Junta de Andalucía como administración competente”, reza la memoria. De hecho, esa omisión “incumple” lo que establece el apartado 2º del artículo 72 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Esta reivindicación no es nueva porque ya apareció en memorias anteriores, pero la Fiscalía considera “especialmente grave” que “el propio Parlamento de Andalucía aprobó de forma unánime una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Popular” hace ya más de seis años, el 7 de abril de 2016, que “establecía la necesidad de incrementar las dotaciones personales y materiales de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma”. La Fiscalía recuerda que ya protagonizó “hasta un total de nueve comparecencias previas” ante la Comisión de Justicia que se saldaron con elogios a “la gran labor del Ministerio Público en Andalucía” y “la insuficiencia de medios de que disponen tanto la Fiscalía Superior como las ocho Fiscalías Provinciales”.

En aquel entonces también quedó reflejada por parte de los parlamentarios, y a la Fiscalía le resulta “especialmente significativa”, que crear un programa presupuestario específico para el Ministerio Público “no es una ocurrencia caprichosa, sino que viene establecido por su Estatuto Orgánico y reclamado por el Fiscal Superior desde hace años, sin que la Consejería lo haya atendido”.

La Fiscalía lamenta que, a pesar de contar con el apoyo “unánime” de todo el Parlamento, aquella proposición no de ley “no tuvo reflejo alguno en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma” y así continúa siendo. Y al hilo de “esta extraña circunstancia”, la fiscal considera que el asunto “merecería una serena reflexión” sobre la “necesaria relación” entre la Fiscalía y el Parlamento y “la importancia” que el Ejecutivo debería dar a las conclusiones sobre “una información tan esencial para los ciudadanos, para el desarrollo de nuestro sistema de justicia y para el funcionamiento de nuestra institución en el futuro”.

La segunda protesta, esta expresada desde “la misma desilusión”, atañe a la sede de la Fiscalía, ubicada en la Gran Vía de Colón, en Granada capital, y antes sede del Banco de España. Y tampoco es nueva. “Hay que repetir lo indicado en las memorias de los tres últimos años: desde hace cinco años, la sede no se ha visto modificada”, critica la memoria.

Para más inri, el edificio es BIC pero “sigue presentando un aspecto de abandono en su mayor parte” después de que “sólo” se restaurase el cuerpo delantero. “La restauración pendiente sigue sin afrontarse por las autoridades competentes de la Junta. La situación no debiera persistir”, reivindica Tárrago.

Hace dos años se consignó en los presupuestos de la Consejería de Gobernación y Justicia “una pequeña cantidad para el arreglo de las cubiertas del edificio”. Y en los presupuestos de este año apareció otra partida “al parecer para la realización del proyecto de obra”. “Pero resulta completamente insuficiente”, espeta la Fiscalía, que además recuerda que los BIC “deben ser rehabilitados con urgencia” para así cumplir las leyes del Patrimonio Histórico Español y del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El Ministerio Público defiende que con una sede más digna “podrían beneficiarse todas las oficinas fiscales de la provincia y hasta de la comunidad autónoma” y se podría crear un Archivo General porque habría “espacio más que suficiente”.

“Se está perdiendo la oportunidad de resolver el viejo problema que presenta la provincia de Granada por la insuficiencia de sus instalaciones judiciales, aprovechando un espléndido y representativo edificio y el espacio libre que comportaría el traslado y unificación de todas las oficinas fiscales de nuestra ciudad. Asimismo, se dispondrían de dependencias suficientes para el desarrollo de actos y de celebraciones de reuniones, jornadas o cursos de fiscales de las distintas Fiscalías Territoriales de nuestra comunidad”, concluye.