Hacienda activa un plan de ahorro en el alquiler de sedes administrativas

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos va a elaborar un plan de eficiencia y ahorro de las sedes administrativas de la Junta de Andalucía con el objetivo de reducir al máximo la cuantía que en la actualidad se está pagando por el alquiler de las sedes administrativas, que asciende a 57,7 millones de euros, cifra que se revisa cada año con el IPC, así como poner en valor los inmuebles del patrimonio público infrautilizados o en desuso y en muchos casos abandonados o en estado semirruinoso.

La decisión de redactar este plan se produce tras la detección, como consecuencia del trabajo que se está realizando para desarrollar una gestión integral del patrimonio inmobiliario, de tres graves problemas que afectan a las sedes administrativas donde desarrollan su trabajo cerca de 30.000 empleados públicos.

El principal problema es que muchas de estas sedes se encuentran en edificios por los que la Junta de Andalucía paga un arrendamiento, que supone un coste para las arcas públicas de casi 60 millones de euros al año. En estas sedes desarrollan su trabajo prácticamente la mitad de los trabajadores de la Administración autonómica que están destinados a labores de carácter administrativo.

El segundo problema es la dispersión de las sedes administrativas, que resta eficiencia al servicio que presta la administración y a la atención al público.

Y el tercero, la falta de adecuación de muchos de los edificios para su desempeño como sede administrativa y para los servicios que han de prestarse en ellos.

El plan, que se espera poder presentar después del verano, tendrá que proponer soluciones que pasan por reducir el número de los edificios por los que la Junta paga un alquiler, así como la cuantía de éstos, y por buscar alternativas que acaben con la dispersión de las sedes y permitan la adecuación de los edificios al servicio que prestan.

El plan deberá proponer medidas como la rehabilitación de edificios abandonados o infrautilizados que sean susceptibles de utilizarse como sede de lo servicios administrativos de la Junta, la construcción de nuevos edificios, si fueran necesarios, y la enajenación o puesta en valor mediante las fórmulas de explotación que se consideren más adecuadas de los edificios que no reúnan condiciones para su uso administrativo.

También deberá plantear la reordenación de las sedes administrativas en cada una de las provincias con el objetivo de potenciar el uso más eficiente de los edificios y concentrar los espacios. Todo ello con el objetivo último de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Además, este plan contribuirá de forma decidida a los objetivos ligados a la transición ecológica, al dotar de mayor eficiencia a los edificios y a la mejora de los servicios y equipamientos de las ciudades, pues muchos de los inmuebles actualmente abandonados y sin uso van a permitir el desarrollo de proyectos importantes para las ciudades en las que se encuentran.

«En 2014 el anterior gobierno socialista enajenó 70 inmuebles, ingresó 300 millones de euros», y con la operación financiera sale&lease back (venta con alquiler posterior), propició que la Junta se vea pagando alquileres desde 2014 hasta 2034, que son 35 millones al año, por lo que España ha apuntado que «pagaremos algo más de 700 millones en alquileres y sin tener la propiedad de 70 inmuebles», según explicó la consejera malagueña Carolina España.

España recordó que la Junta ha subastado inmuebles por valor de 121 millones de euros desde 2019, que ha conllevado también un ahorro de un millón de euros en el mantenimiento de estos suelos.