La Policía Nacional, en colaboración con la Oficina de Extranjería de Huelva, ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de documentación falsificada para su posterior tramitación administrativo y ha detenido a 18 personas.

El objetivo del grupo, ha informado la Policía Nacional en un comunicado, era conseguir que ciudadanos extranjeros que estaban aún en sus países de origen accedieran a territorio nacional eludiendo los requisitos de la Ley de Extranjería, tras conseguir su regularización de manera fraudulenta.

La investigación se inició a principios de año cuando la Oficina de Extranjería de Huelva, encargada de la tramitación de los permisos de residencia, detectó un número inusual de expedientes con documentos falsificados que resultaban ser coincidentes.

Esto hizo saltar las alarmas de los funcionarios de la tramitación al ser procedimientos administrativos individualizados, por lo que se comunicó a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Huelva de la Policía Nacional, desde donde se inició la investigación.

Iniciadas las primeras pesquisas, se comprobó que los integrantes del grupo criminal usaban un entramado de empresas reales y ficticias para crear contratos falsificados y promover la llegada a España de ciudadanos de terceros países, simulando para ello una contratación laboral en el sector agrícola.

Además de los contratos, los implicados llegaron a falsificar carnés de identidad de ciudadanos ajenos a los hechos, certificados de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, escrituras notariales y un sinfín de documentos oficiales necesarios para dar apariencia de legalidad a las contrataciones.

Todo ello lo realizaban tras las captación de trabajadores del sector agrícola que ya estaban en territorio nacional y que debido a su situación de vulnerabilidad querían traer a España a familiares cercanos que se encontraban en sus países de origen.

Una vez captados, estos trabajadores tenían que pagar grandes cantidades de dinero al grupo criminal para el proceso de compra de los documentos, encargándose los propios autores de crear los documentos a nombre del ciudadanos que precisaban regularse.

Posteriormente, se encargaban también de difundir esos documentos entre despachos de abogados de la provincia, para que fueran estos los que iniciaran los trámites con la administración.

Dichos despachos eran usados como intermediarios para evitar su exposición así como para dificultar la trazabilidad de los documentos falsificados.

Las investigaciones han resultando complicadas dado el alto volumen de documentos intervenidos, que tuvieron que ser analizados uno por uno debido a su alto grado de sofisticación, lo que complicó su detección.

También resultó laborioso localizar a la persona encargada de crear y modificar los documentos falsificados, cabecilla del grupo desarticulado, ya que usaba el entramado de empresas, despachos de abogados y demás para evitar su localización.

Los detenidos han sido acusados de pertenencia a grupo criminal, delitos de falsedad documental y favorecimiento de la emigración ilegal, instruyendo la causa el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva.