Ruptura en la semana clave: «farsa» o «confusión»

La paz firmada el pasado 27 de noviembre por Junta de Andalucía y Gobierno de España se resquebraja. El «Pacto por Doñana» se ha puesto en peligro y quizá no sea lo único. La fricción se produce justo tras el varapalo del PSOE en Galicia y en una semana clave, en la que Juanma Moreno y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, deben sentarse para abordar cómo combatir la sequía en la región.

El PSOE-A denunció ayer que el Decreto-ley 3/2024 de medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta y el impulso de la actividad económica en Andalucía, en vigor desde el 17 de febrero, introduce «a escondidas, sin participación, sin debate y desdiciéndose de lo que acordó con el Gobierno de España», un cambio en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

El artículo 242 introduce una modificación en la citada Ley Forestal de Andalucía a través de la cual no tendrán la consideración legal de terrenos forestales «aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta». «Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de esta Ley –prosigue–mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas. Asimismo, se excluye el carácter forestal de aquellas superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo de este apartado, hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor». Juan Espadas exigió «la retirada» del decreto-ley y avisó de que, «si no hay rectificación, llevará el asunto hasta el Tribunal Constitucional».

La Junta, a través de su consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), replicó inicialmente que se limita a «adaptar la ley andaluza a la estatal» y que el PSOE hacía «una interpretación muy maliciosa» que obedecía «a la desesperación». «Tienen que inventar algo tras el batacazo electoral», añadió Sanz, quien avanzó que ya había hablado con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para aclarar la cuestión. «El acuerdo de Doñana se cumplirá de principio a fin, a pesar del que PSOE quiera poner zancadillas».

Fuentes del Ejecutivo andaluz incidían en que el texto ahora cuestionado «se ha tratado» con el Ministerio «en diversas reuniones» y «no es una medida para Doñana».

Los grupos conservacionistas animaron a la oposición a llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Ecologistas en Acción llegó a decir que el Pacto por Doñana fue «una farsa» porque «nunca pensaron en retirar la proposición de ley». Para WWF el cambio de la Ley Forestal de Andalucía supone «amnistiar a los agricultores ilegales» y el acuerdo entre Junta y Estado «no tendía sentido». Los ecologistas ven en la medida una argucia jurídica para buscar las compensaciones de hasta 100.000 euros por la retirada de cada hectárea de regadío en el entorno de Doñana.

El PSOE registró posteriormente una «queja formal» dirigida a la Mesa del Parlamento andaluz para solicitar que se retire del orden del día del Pleno de esta semana el debate para la convalidación del decreto-ley.

La vicepresidenta Ribera se mostró inicialmente «sorprendida» y dispuesta a hablar directamente con Moreno al respecto: «No sé si es que ha habido algún tipo de malentendido». Pero acabó acusando a la Junta de favorecer una «legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal». De hecho, suspendió una jornada con las distintas organizaciones sociales, ayuntamientos, centros académicos, agricultores, para poder detallar los términos exactos de las ayudas.

Ante el revuelo suscitado, fuentes de la Junta mostraron su disposición a sentarse con el Ministerio para «buscar una fórmula para la redacción del artículo» del decreto ley. «Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo», trasladaron a Ep. «En ningún momento, se habla de regadíos ni de Doñana» en el artículo en discusión, que incluso argumentan fue acordado en su día con el Ministerio. «La Junta no actúa en este caso unilateralmente ni de espaldas a nadie», indicaron dichas fuentes, ante «la confusión suscitada». «Ante cualquier duda que pueda suscitar esa redacción, confiamos en el diálogo y en el acuerdo, como hemos venido haciendo siempre, por lo que por parte del Gobierno de Andalucía no existe ningún problema en sentarnos con el Ministerio, escuchar su propuesta y buscar una fórmula para la redacción del artículo».

El consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró que la Junta cumplirá «a rajatabla» lo firmado aunque «a Juan Espadas le moleste no haber salido en la foto» y le afeó que esté «más ocupado estos días con el lío con la caseta» de su partido en la Feria de Abril.