La expansión descontrolada de viviendas irregulares en la provincia de Cádiz, un fenómeno que comenzó hace más de cuatro décadas con construcciones dispersas en zonas rurales y frentes costeros, vuelve a situarse en el centro del debate institucional. Tras años de crecimiento silencioso y escasos derribos, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una causa que apunta directamente al Ayuntamiento de Conil y a varios de sus responsables políticos y técnicos por una supuesta inacción prolongada frente a infracciones urbanísticas.

La alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez (AxSí), ya ha declarado como investigada en los juzgados de Chiclana a petición del Ministerio Público y del magistrado instructor. Ambos consideran que existen elementos suficientes para aclarar si desde el Consistorio se actuó con pasividad ante centenares de expedientes abiertos por construcciones sin licencia entre 2021 y 2024. Junto a ella figuran también como investigados el concejal de Personal, Sergio Cáceres (Siempre Conil); dos ex delegados de Urbanismo, Pedro Pérez (PP) y María del Carmen García (IU); y la asesora jurídica del área técnica municipal.

El origen del procedimiento se encuentra en un informe elaborado por la patrulla de Urbanismo de la Policía Local, en el que los agentes advertían de que las actas levantadas por obras irregulares no desembocaban, en muchos casos, ni en sanciones económicas ni en la paralización de los trabajos. Según Diario de Cádiz, la Fiscalía llegó a apreciar indicios racionales de criminalidad tras analizar documentación, testimonios y reuniones internas en las que, según la denuncia, se habría reconocido que determinadas actuaciones no se elevaban a la autoridad judicial por «decisión política».

Aunque la regidora ha evitado pronunciarse ante este periódico, sí ha mostrado su postura en una entrevista a Radio Juventud. «No estoy preocupada porque entiendo que mi acción ha sido la correcta. ¿Que hay muchos aspectos a mejorar? Pues seguro, seguro. Pero en ese sentido tengo tranquilidad, tengo mucha tranquilidad, confío en la justicia y creo que esto no es beneficioso para el pueblo de Conil».

La alcaldesa, que gobierna con el apoyo del Partido Popular y Siempre Conil, abordó la magnitud del problema urbanístico y las dificultades administrativas para tramitar los expedientes acumulados: «Se han requerido casi 500 expedientes, una cantidad importante y tenemos que tener en cuenta la capacidad que tiene la oficina».

Antonio Aragón, presidente local del PP, afirma que «es sabido que el Urbanismo de IU ha sido desastroso al no dar la importancia debida al desarrollo y a las demandas del municipio. Todo se hacía entonces de aquella manera. Heredamos una forma de procedimiento y un modus operandi de IU y, desde que llegamos al gobierno, nuestro objetivo principal ha sido revertir la situación».

«Nosotros no solo estamos poniendo orden donde estaba el desorden, sino que también estamos dando traslado a la Fiscalía de todos los expedientes que nos requirió. Estamos también trabajando para sacar a licitación un nuevo Plan General que permita que Conil avance dentro del ordenamiento establecido en la norma».

La situación ha generado inquietud en una localidad donde se calcula que podrían existir más de 7.000 construcciones fuera de ordenación. La reciente paralización de una urbanización ilegal junto a las Marismas de Barbate vuelve a mostrar que el fenómeno no solo pertenece al pasado, sino que continúa generando episodios nuevos. Desde el PSOE de Conil, su portavoz Carmen Sánchez, critica abiertamente la falta de información del gobierno municipal sobre la evolución del caso y sobre la situación urbanística general del municipio. Según denuncia, la Comisión de Vivienda –creada por acuerdo plenario– lleva casi un año sin convocarse pese a la insistencia de su grupo.

«Llevamos prácticamente un año solicitando que se convoque la Comisión de Vivienda, y no tenemos ninguna información al respecto. En esa mesa es donde tenemos que tratar, entre otros temas urbanísticos, el tema de la vivienda irregular», señala.

La portavoz socialista añade que la falta de decisiones está afectando directamente a las familias que buscan una vía legal para regularizar sus hogares mediante figuras como los Asimilados Fuera de Ordenación: «Las familias afectadas son las perjudicadas, de que no haya una política de urbanismo en nuestra localidad ahora mismo. Ellos prometían en la campaña electoral que iban a arreglar todo este problema, que iban a dar una solución. Y llevamos dos años y medio de gobierno y no se les ha dado ninguna».