Una ley que blinde los derechos de los mayores

Andalucía se prepara para dar un impulso decisivo a la protección de las personas mayores con la presentación en el Parlamento autonómico de una proposición no de ley que respalda la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad (ABTE Candelaria). El objetivo de la iniciativa, ya admitida por la Mesa del Congreso, es claro: dotar a España de una ley de protección integral contra el maltrato a las personas mayores, una realidad que, según destaca la propia asociación, permanece demasiado a menudo en silencio pese a su creciente gravedad.

El texto registrado por el Grupo Popular parte de una constatación: el envejecimiento de la población es un fenómeno demográfico y social que exige a las administraciones públicas respuestas firmes y coordinadas. El texto subraya que las personas mayores son una parte esencial de nuestra sociedad, depositarias de experiencia y valores cuya aportación al progreso de Andalucía y de España merece reconocimiento, respeto y protección. En esa línea, la proposición incide en que el maltrato a las personas mayores, en cualquiera de sus manifestaciones —física, psicológica, económica, negligencia o abandono—, constituye una vulneración grave de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad que debe abordarse desde un marco legislativo específico.

La iniciativa remarca la necesidad urgente de que España cuente con una ley de ámbito nacional capaz de prevenir, detectar, sancionar y erradicar el maltrato hacia las personas mayores, dotada además de los recursos económicos y humanos necesarios para su aplicación en todo el territorio. Asimismo, valora positivamente las iniciativas que avancen en esta dirección y expresa su apoyo a la tramitación urgente de la ILP promovida por ABTE Candelaria una vez reunidas las 500.000 firmas requeridas. La documentación remitida por la asociación profundiza en las carencias del marco jurídico actual. Aunque la Constitución reconoce la obligación de los poderes públicos de garantizar el bienestar y la protección económica, social y jurídica de los mayores, y prohíbe la discriminación por edad, la normativa vigente se encuentra dispersa entre diferentes leyes sectoriales. ABTE subraya que no existe una regulación que «aborde de manera global la prevención, detección, atención y sanción del maltrato, ni mecanismos coordinados que garanticen la reparación de las víctimas».

Además, el Código Penal carece de definiciones claras de qué debe entenderse por persona mayor y por maltrato en todas sus formas, lo que complica la persecución efectiva de las conductas abusivas.

Otro de los problemas señalados es la dificultad para detectar y denunciar estos casos. La falta de protocolos específicos y de coordinación institucional provoca que muchas situaciones pasen desapercibidas. A ello se suman el miedo, la vergüenza o la dependencia económica y emocional de las víctimas, factores que contribuyen a que el maltrato permanezca oculto. ABTE alerta de que existen «formas de abuso muy extendidas que no siempre encuentran un cauce adecuado de protección». Como ejemplo, menciona que una gran parte de los casos de abuso patrimonial afecta a personas mayores, sin que existan protocolos específicos que reconozcan esta vulnerabilidad o garanticen su reparación.

La ILP apuesta por un sistema de detección y denuncia más accesible y eficaz. Propone protocolos de formación obligatoria para profesionales sanitarios, sociales, judiciales y de residencias, así como mecanismos de denuncia que incluyan vías confidenciales, anónimas y la posibilidad de ser formuladas por terceros. También plantea equipos multidisciplinares en centros de salud y residencias, asistencia jurídica y psicológica gratuita, y sistemas de inspección reforzados en los centros destinados a personas mayores. Dentro de estos protocolos, ABTE destaca la importancia de indicadores de calidad como el seguimiento del plan de atención personalizado, la correcta administración de medicación, el cumplimiento de protocolos de higiene y alimentación o la valoración periódica de la autonomía del residente. La iniciativa legislativa también pone el acento en la necesidad de reforzar la participación y la autonomía personal de las personas mayores. Plantea que puedan estar representadas en órganos consultivos y espacios donde se diseñen políticas públicas que les afecten, y subraya la importancia de reconocer su capacidad de decisión sobre su vida, salud y entorno, asegurando siempre el respeto a su dignidad y privacidad. La propuesta incluye igualmente la elaboración de un catálogo de derechos y deberes que contribuya a su integración y bienestar social.

Una de las características más destacadas de esta iniciativa es el amplio respaldo institucional que ha concitado. En Granada han mostrado su apoyo el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad, el Arzobispado, instituciones educativas, el Colegio Oficial de Arquitectos y diferentes medios de comunicación. Del resto del territorio también se han adherido ayuntamientos, universidades de distintas comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo Andaluz, colegios profesionales y sociedades científicas vinculadas a la atención sanitaria y social, entre muchas otras entidades.

Con la admisión de la ILP por parte de la Mesa del Congreso, ABTE ha comenzado ya la recogida de firmas. El inicio simbólico tuvo lugar la pasada semana en la Universidad de Granada, concretamente en las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, donde estudiantes, docentes y profesionales sanitarios han podido sumarse a la iniciativa. La asociación espera que la ciudadanía y las instituciones que ya han mostrado su apoyo contribuyan a alcanzar las firmas necesarias a través del portal Firmas, desde el que se impulsa esta movilización.