La izquierda avala el cupo catalán en el Parlamento andaluz

Tanto el PSOE-A como Por Andalucía, con sus votos en contra, y Adelante Andalucía, con su abstención, dieron ayer su aval a la financiación singular de Cataluña que planea el Gobierno central. Una medida controvertida, pactada entre el PSC y ERC como condición para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y que supone la ruptura de la solidaridad entre las comunidades autónomas. Vox también se abstuvo en esta propuesta de resolución presentada por el PP-A, único grupo del arco parlamentario andaluz que la respaldó en el cierre del Debate sobre el Estado de la Comunidad. Los populares, en este sentido, reclaman al Ejecutivo que ponga fin tanto a los «agravios» hacia Andalucía como a las «negociaciones singulares» en materia de financiación con otras regiones de régimen común, como Cataluña.

También se exige que la Junta «continúe defendiendo los intereses de Andalucía frente a los agravios del Gobierno de España», en especial, por no impulsar el nuevo sistema de financiación autonómica, con «el perjuicio que conlleva en la prestación de los servicios públicos» y por su rechazo a la creación del fondo transitorio de nivelación que equipare a Andalucía con el resto.

Se rechaza además el «último agravio que supone el reparto acordado por el Gobierno con los independentistas sobre la distribución del impuesto a la banca, toda vez que se reparte sin equidad por criterios de PIB y no atendiendo al poblacional». Así, el Pleno instó a la Junta a solicitar al Gobierno central que «cese en su intención de abordar la reforma del sistema de financiación y demás medidas económicas mediante negociación singular con determinadas comunidades de régimen común, por ser contrario a todo lo previsto en el ordenamiento constitucional».

Los populares, no obstante, apoyaron una propuesta de Adelante Andalucía relativa a la financiación. La misma exige la cuantificación de la «nueva deuda histórica» producto de los «enormes déficits en inversión pública industrial, en infraestructuras de comunicación y otras inversiones públicas en Andalucía por parte de los sucesivos gobiernos centrales de todos los colores políticos». Junto a ello, se solicita la convocatoria de la comisión bilateral Junta-Estado «para acordar un calendario de liquidación».

El PSOE-A presentó su propia propuesta sobre financiación autonómica, que solo contó con el apoyo de Por Andalucía, por lo que fue rechazada. El texto planteaba un modelo que se inspirara en los principios y conclusiones recogidos en el acuerdo del Parlamento andaluz sobre financiación autonómica de marzo de 2018, al objeto de «garantizar y blindar la prestación de los servicios públicos en cualquier contexto». Junto a ello, se instaba a la Junta a eliminar «las prácticas de dumping fiscal», dando marcha a atrás en su política «de regalos fiscales a las rentas más altas, en especial a aquellas que tienen que liquidar el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones», y a dar «los pasos necesarios para avanzar en justicia fiscal, redistribución de renta y reducción de las desigualdades sociales».

De las 35 propuestas de resolución planteadas por el grupo socialista, sólo se aprobó, por unanimidad, la relativa a que la Junta apueste decisivamente por «la estabilidad y dignificación de las plantillas docentes y de personal de administración y servicios, combatiendo la temporalidad y la precariedad a la que se ven sometidos en la actualidad». Para ello, se pide que se corrija de forma urgente el «grave problema de exceso de burocracia, se aumente la plantilla docente para el curso 2025/26 y se consoliden de forma permanente los cupos de refuerzo, se implemente un plan de estabilidad del personal interino y se establezcan condiciones laborales dignas y contratando al personal administrativo, de limpieza y servicios necesarios».

Por Andalucía también planteó propuestas de resolución sobre financiación autonómica, que fueron rechazadas por PP-A y Vox y apoyadas por el PSOE-A, mientras que contó con el apoyo parcial de Adelante Andalucía.

En cuanto a las propuestas de resolución de Vox, figura una encaminada a establecer los mecanismos para reparar el «agravio efectuado a la hacienda pública andaluza y, por tanto a todos los andaluces, como consecuencia de las macrocausas judiciales sobre prevaricación y malversación que pesan sobre anteriores gobiernos andaluces, y a llevar a cabo una acusación activa en los procesos penales vigentes para recuperar todo el dinero público defraudado». Esta propuesta fue apoyada por el PP-A y contó con el rechazo del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía.