Los controles en la gestión de dinero público por parte de la Junta de Andalucía desde que Juanma Moreno es su presidente «existen» y «funcionan», porque su Gobierno «está alerta». La consejera portavoz, Carolina España, aseguró que la propia administración autonómica ha acudido a la Fiscalía para denunciar posibles facturas falsas en el ámbito del transporte escolar en la provincia de Cádiz. La Agencia Pública de Educación (APAE) abrió en mayo de 2023 diligencias preliminares por la tramitación irregular de expedientes de contratación de transporte escolar en la provincia de Cádiz en el curso escolar 2022-23. Se detectó una duplicidad de facturas, se hizo una investigación, se abrió un expediente disciplinario.

Funcionario despedido

Como medida cautelar, el funcionario encargado de esas contrataciones (gerente provincial de APAE en Cádiz) fue suspendido de empleo y sueldo. Meses después, en noviembre, y fruto de la investigación interna, el expediente que se le abrió se cerró con su despido por faltas muy graves.

De inmediato, la agencia puso en conocimiento del caso a la Intervención General de la Junta, que fue quien a su vez dio traslado a la Fiscalía por indicios de delito. En paralelo, también trasladó a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) la documentación que ha requerido sobre el caso, y ha seguido colaborando cada vez que así se le ha requerido. España destacó que el Gobierno de la Junta con Juanma Moreno sí «está alerta» y «los controles existen y funcionan, y la inspección también».

Dinero reclamado a la empresa

La Junta ya ha reclamado el dinero defraudado a la empresa, mediante resolución de nulidad de los contratos afectados (15 de marzo de 2025), las cantidades percibidas de forma irregular, que ascienden a 351.396 euros, e igualmente al trabajador la cantidad de 25.325 euros correspondientes a cantidades que percibió durante el periodo de suspensión de empleo y sueldo. Todo un ejemplo de buenas prácticas: rapidez, transparencia y contundencia en la actuación.

España agregó que en el Ejecutivo del PP-A son «absolutamente favorables a que haya controles» y a que, si se detecta con ellos «cualquier tipo de posible delito, se acude a la Fiscalía, como hemos hecho en este caso». «Ya nos hubiese gustado que en las anteriores épocas del Gobierno socialista» de la Junta, sus miembros –entre quienes figuró como María Jesús Montero– «se hubiesen percatado de cómo volaban cientos de millones de euros».

Los socialistas «no fueron capaces de controlar en la Junta de Andalucía y no han sido capaces de controlar en el Gobierno de España ni en su propia casa, ni en el propio Partido Socialista, por toda la trama de ‘mordidas’ que está ocurriendo alrededor de la sede del PSOE y del Gobierno», añadió la portavoz, para subrayar a continuación que dicha trama cuenta con «muchas ramificaciones en Andalucía» por las que reclamó «explicaciones» a la también vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

«No han sido capaces de controlar en el Gobierno de España ni en su propia casa ni, el PSOE, la trama de mordidas», insistió España, apuntando a las «muchas ramificaciones ya en Andalucía», y «nadie ha dado explicaciones». Algún día deberá justificar «cómo acabó la trama de mordidas» en esta comunidad, concluyó.

Más fango socialista

En su intento por lanzar fango a Juanma Moreno y sin conocer en profundidad el tema -luego se quejan de bulos- la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A reclamó públicamente "explicaciones": "Llevamos desde hace bastante tiempo alertando de las irregularidades que se están produciendo en servicios tan importantes como el sanitario y el educativo". Dos ámbitos que copan "más de dos tercios de la totalidad de recursos" del Ejecutivo andaluz. "Por eso cuando aparecen irregularidades con más de 1.500 millones en este momento en investigación con fraccionamiento de contratos o declaración de obras de emergencia fuera de legislación por parte del SAS, con su gerente imputada, y, por otra parte, en los servicios también de educación aparecen 300.000 euros en facturas falsas nos preocupa y mucho", afirmó.