La preocupación «por dejar impune el robo de 700 millones» se extiende

La última decisión del Tribunal Constitucional sobre los ERE está preocupando mucho a la Junta de Andalucía, puesto que abre la posibilidad de una amnistía total a un caso de corrupción que tuvo consecuencias colosales. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, volvió a alertar de los efectos de este pronunciamiento, remarcando que «si pone en cuestión la prevaricación, la malversación tiene los días contados», por lo que advirtió de la posibilidad de que «quede impune el robo de 700 millones». «Hablamos de poder recuperar el dinero o no», subrayó.

Sanz, no obstante, garantizó que el Ejecutivo andaluz va a «luchar hasta recuperar el último euro», pero añadió sobre las resoluciones del Constitucional: «Cuidado con lo que se hace, a ver si al final el dinero de los parados no va a poder ser devuelto a los andaluces».

El consejero señaló en un desayuno informativo que la posibilidad de «dejar impune el robo de 700 millones» es una cuestión «de enorme gravedad», ya que exonerar el delito de malversación sí puede significar «un cambio en la oportunidad de recuperar el dinero».

Lamentó igualmente «el serial» con el que se están conociendo futuras sentencias «con antelación» y ya saben «lo que va a ocurrir la próxima semana o el 15 de julio».

Sanz, que no quiso analizar la resolución del Constitucional como Gobierno andaluz, dijo que lo que no están dispuestos a admitir «de ninguna manera» es que el PSOE quiera «borrar el mayor caso de corrupción de la historia democrática» y que además reclame al PP que pida perdón. Junto a ello, criticó al PSOE por considerar «que los andaluces son idiotas para pensar que los ERE no existieron».

De otro lado, aseguró que Andalucía sería la «gran perjudicada» de que se aplicara una financiación «singular» para Cataluña y remarcó que, en relación a a este asunto, «estamos jugando con las cosas de comer». Sanz advirtió de que el plan del Gobierno central supondría «romper principios fundamentales del Estado de Derecho y de nuestra Constitución, como puede ser la igualdad entre los españoles» y «la ruptura de principios tan fundamentales para la cohesión de España como la solidaridad interterritorial». «Y esto puede significar la creación de nuevo en España de comunidades de primera, de segunda, de tercera división, pero, sobre todo, de españoles de primera, de segunda o de tercera», abundó, además de sostener que «la intención» del PSOE de «llegar a un acuerdo con el independentismo catalán para crear una financiación singular para Cataluña es quizá de los mayores despropósitos que en los últimos años» se haya dado.

El consejero añadió que «el problema es que lo ha anunciado una andaluza» como la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que «hace unos años», cuando era consejera del ramo en la Junta, «planteaba un frente común en Andalucía para exigir al Gobierno de España», bajo la presidencia de Mariano Rajoy, «4.000 millones de euros por el déficit de financiación que tenía Andalucía».

Sanz ha subrayó así que la entonces consejera de Hacienda «quiso liderar» desde el Parlamento andaluz «un movimiento para exigir 4.000 millones» más de financiación para Andalucía, que contó en 2018 con el voto a favor de Juanma Moreno, entonces líder de la oposición como presidente del PP-A, según valoró el consejero, que aseveró que el «gran perdedor de esa financiación singular» para Cataluña sería, «entre otras», pero «de manera fundamental, Andalucía».

El consejero recordó que Andalucía ha dejado de ingresar en los años en los que lleva aplicándose el actual modelo de financiación –acordado en 2009 por el entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con ERC– «15.000 millones» que deberían corresponder a los andaluces.