El PP-A defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno central a presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, de manera que ponga fin a la "política gravemente perjudicial para España de gobernar prorrogando anual y sucesivamente" las cuentas estatales.

Se le demanda al Ejecutivo nacional que cumpla con el mandato constitucional de presentar unos PGE, que incluyan "una adecuada, equitativa y suficiente financiación autonómica" para Andalucía mientras se aprueba el nuevo modelo, y en caso contrario, se proceda a la disolución de las cámaras y a la convocatoria de elecciones generales.

Otra reclamación al Gobierno es que acabe "con las continuas y permanentes cesiones a los partidos independentistas que está llevando a cabo con el único fin de satisfacer sus estrategias secesionistas" y que el presidente español, Pedro Sánchez, se mantenga en "el poder", y con "consecuencias contrarias al interés general y a la Constitución española, a la organización territorial del estado, a la cohesión territorial, a la equidistribución de recursos y de competencias entre las distintas administraciones y a la igualdad de todos los españoles".

Asimismo, en la iniciativa del PP-A se pide al Gobierno central que lleve a cabo desde el consenso con las comunidades acuerdos que supongan un verdadero y eficaz modelo de política migratoria, que sepa dar respuesta a los intereses del estado español en cada momento y que cumpla con la normativa vigente y los acuerdos internacionales en esta materia, en especial los pactados en el seno de la Unión Europea.

Se aboga por una política migratoria que atienda "nuestra capacidad de acogida y el control y protección de las fronteras" y por que el Ejecutivo nacional "cumpla con su obligación legal de solventar con suficiencia financiera y medios a todas las comunidades de manera justa y equidistributiva, ordenando así adecuadamente la migración", todo ello "sin perjuicio de las reformas legales necesarias".

Se reclama también al Ejecutivo nacional que renuncie a seguir poniendo en marcha iniciativas que continúen "deteriorando y menoscabando la calidad democrática" del país y que adopte medidas que supongan la vuelta al "respeto escrupuloso a la división de poderes, en especial al poder judicial, para conseguir paliar y mitigar los niveles alcanzados de corrupción política ejecutiva y legislativa, generando así confianza y certidumbre entre la ciudadanía en las instituciones, y alejando de la contienda política" principios básicos como la cooperación y la lealtad institucional.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A critica que el Gobierno se escude "en la complejidad de sus socios para aprobar los PGE a la vez que saca pecho de sus negociaciones tras casi 1.000 días sin aprobar unos presupuestos, lo que certifica que los que entraron en vigor el 1 de enero de 2023 cuentan con el dudoso logro" de ser las cuentas estatales "más longevas de la democracia".

A ello se suma, según el PP-A, "la falta de voluntad" del Gobierno para plantear un nuevo modelo de financiación autonómica, lo que está ocasionando "enormes perjuicios a las comunidades en la prestación de servicios públicos y perpetúa la desigualdad entre los españoles".