La legislatura andaluza, pese a la mayoría absoluta del PP, también ha entrado en tiempo de descuento. La intención inicial del presidente Juanma Moreno es que los comicios se celebren cuando tocan, es decir, en junio de 2026, pero ya nadie descarta que la «inestabilidad política nacional» obligue a una convocatoria anticipada. Aunque el PP pueda aprobar los presupuestos para el año que viene y las leyes que están en tramitación, hay otros asuntos que requieren un amplio consenso y los puentes entre el PSOE y el PP se han roto desde la llegada a la secretaría general de María Jesús Montero y el relevo de Juan Espadas, con el que el diálogo era más fluido.

Uno de estos consensos necesarios es el nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo, cargo que ocupa en funciones desde septiembre de 2024 Jesús Maeztu. En febrero del año pasado, existía un acuerdo entre el PP y el PSOE de Espadas para su relevo, pero el acceso de Montero a la secretaría general interrumpió el diálogo entre ambas formaciones. Ayer, el PP decidió acelerar el proceso y propuso a Rosario García Palacios, actual presidenta de Cruz Roja Andalucía, como nueva Defensora del Pueblo Andaluz, en sustitución de Jesús Maeztu. Lo hizo sin pactar el nombre con el PSOE: «Lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando; hacemos un llamamiento al PSOE para que abandone posturas sectarias y de interés partidista y entienda que esta es una propuesta pensando en Andalucía y en todos los andaluces», aseguró el portavoz del Grupo Popular Toni Martín.

La Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz obliga a que los grupos políticos se pongan de acuerdo en este nombramiento porque establece que dicho cargo será elegido por el Parlamento por una mayoría de tres quintos de la Cámara, es decir, que debe contar con el aval de 65 escaños de los 109 de los que se compone.

Por tanto, la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en el Parlamento, de 58 diputados, es insuficiente y deberá contar con el apoyo de, al menos, siete parlamentarios más. Eso significa que el Grupo Socialista, con 30 diputados, o Vox con 14 deben estar de acuerdo con la propuesta. La última e improbable opción es que se sumen al PP Por Andalucía, que cuenta con cinco y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía que dispone de dos representantes.

La realidad es que el PSOE prefiere que el PP acuerde con Vox el relevo en la Defensoría. Considera que mantener vivo el posible pacto de PP con Vox tras las próximas elecciones es un argumento para revitalizar su campaña electoral, pese a que no funcionó en las elecciones de 2022. De hecho, votantes socialistas, ante la presumible victoria de Moreno apoyaron al PP para que gobernara en solitario y no hacerlo depender de Macarena Olona, candidata de Vox en los últimos comicios.

Por otro lado, el PP-A ha propuesto también al magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), en sustitución de Ricardo Puyol Sánchez. Acelerar estos nombramientos permitiría afrontar el siguiente periodo de sesiones, después de las vacaciones de verano, con el calendario libre de cara a un posible adelanto electoral. El PSOE prefiere dilatar el proceso y ayer reclamó al PP «sentarse a negociar».