Tribunales

Suspendido el juicio al chófer que compraba cocaína con dinero de los ERE de Andalucía

Los abogados de la consultora Vitalia, juzgada como responsable a título lucrativo, renuncian a la defensa y obligan al tribunal a aplazar el inicio de la vista

Juan Francisco Trujillo, el exchófer de Francisco Javier Guerrero, a su salida de la cárcel de Morón de la Frontera
Juan Francisco Trujillo, el exchófer de Francisco Javier Guerrero, a su salida de la cárcel de Morón de la Fronteralarazon

El juicio al chófer de la Junta de Andalucía que presuntamente utilizó dinero público para comprar cocaína no comenzará el próximo lunes 5 de septiembre, como estaba previsto. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la encargada de juzgar esta pieza separada de la macrocausa de los ERE igual que enjuició la pieza política, se ha visto obligada a suspender la vista porque una de las partes, la consultora Vitalia, se ha visto de repente sin abogados y ahora tendrá que encontrar otros.

En una providencia firmada este mismo viernes y facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los tres jueces acuerdan la suspensión y ordenan “librar los despachos necesarios” para que Travol 2007, que así se llama ahora la sociedad, encuentre nuevos letrados. El objetivo es señalar la nueva fecha del juicio “a la mayor brevedad”. La mercantil en cuestión está encausada como responsable civil a título lucrativo. Uno de los acusados, de hecho, es su exdirector Antonio Albarracín, ya condenado a cuatro años de cárcel en otro juicio de los ERE, el relativo a las ayudas a Acyco.

La Sección Primera también refleja que las tres empresas administradas por el chófer que supuestamente se beneficiaron de fondos públicos tampoco tienen representación jurídica porque el Colegio de Abogados se la denegó. Por eso acuerda librar un oficio al propio Colegio para que elija abogados de oficio para las mercantiles, que son Iniciativas Sierra Morena, Lógica Estratégica Empresariales y Ave Nueva.

En todas aparecía como administrador el principal acusado, Juan Francisco Trujillo, que era el chófer del entonces director general de Trabajo, el ya fallecido Francisco Javier Guerrero. La Fiscalía Anticorrupción solicita que sea condenado a catorce años de cárcel y a que devuelva los más de 1,4 millones de euros que la Junta concedió a esas empresas.