El caso del suicidio de Sandra Peña tras presuntamente sufrir acoso escolar por parte de algunas compañeras de clase sigue dando que hablar y puede acabar teniendo consecuencias muy graves para el Colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla. Así lo aseguró ayer la consejera de Economía, Hacienda y Portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, quien garantizó que la Junta de Andalucía será «muy contundente» en sus actuaciones con el centro, sin descartar ninguna medida, como la pérdida del concierto educativo que actualmente disfruta.

La consejera recordó que existe una investigación abierta tanto por parte de la Fiscalía de Menores como de la inspección educativa y por ello, explicó, habrá que esperar sus conclusiones para, en el caso de confirmarse que se ha producido una infracción muy grave, determinar la referida retirada del concierto. «La Junta será muy contundente cuando estén los resultados de la investigación», recalcó España, quien apostilló que todavía no se pueden adelantar conclusiones puesto que las pesquisas están todavía en marcha.

Por su parte, el colegio Irlandesas de Loreto remitió ayer un comunicado a los medios en el que animaba a la sociedad a una «reflexión profunda» y defendía la actuación del centro: «En nuestro colegio estamos profundamente comprometidos con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para la salud mental y el bienestar de nuestro alumnado. Contamos con los mecanismos para hacer frente a estas situaciones, formamos a nuestro profesorado y, ante cualquier señal, se ponen en marcha las medidas necesarias», rezaba el texto del colegio que estos días ha visto como desde la familia de Sandra se les atribuía gran responsabilidad en la tragedia por inacción. Según los allegados de la niña el colegio fue advertido en dos ocasiones de la situación que sufría Sandra: primero, a comienzos del curso pasado, y más tarde, al inicio de este año escolar. Además, se entregaron informes psicológicos que alertaban de un grave acoso, pero el centro no habría activado el protocolo correspondiente, una omisión que ahora evalúa la investigación y que, de confirmarse, significaría la infracción grave y las consecuentes sanciones con las que la Junta amenazaba en el día de ayer.

El centro no obstante insistió en que desde el mismo momento en que se conoció la noticia, se pusieron a disposición de las autoridades competentes que están investigando lo sucedido. El centro reconoce que se encuentran en «un contexto altamente sensible en el que urge abordar con más rapidez, flexibilidad y determinación situaciones de vulnerabilidad que nuestros jóvenes pueden atravesar a lo largo de sus años de desarrollo». Además, en el comunicado trataron de poner el foco en la aparición en redes sociales de contenidos altamente perjudiciales para los propios menores. «Los ecosistemas digitales también deben situarse en el centro de nuestra reflexión como sociedad», reiteraron por parte del centro.

Para la Junta de Andalucía las consecuencias no cesan con la responsabilidad del colegio en el caso, sino que merecen el planteamiento de un debate sobre el uso de teléfonos móviles y redes sociales entre menores que hayan estado involucrados en casos de acoso. Como ya anunciase el presidente Juanma Moreno el pasado martes, el planteamiento consiste en el bloqueo de las redes sociales de aquellos menores de 18 años que estén usándolas para cometer abusos contra otros menores. Dicho bloqueo, según el gobierno andaluz, debería realizarse por parte de las grandes compañías telefónicas. Para ello se proponen elevar el debate a instituciones europeas y hacer que la legislación se adapte a esta nueva realidad. «Es un debate que tiene que abrir el Gobierno de España y vamos a llevar a Europa», dijo la consejera portavoz, quien cree que las leyes tienen que adaptarse a la situación actual y no pueden darse casos de acoso que se hacen virales y que pueden quedar impunes: «Queremos liderar este debate para la protección de niños y adolescentes», aseguró España.

Por otro lado, el Parlamento mostró unanimidad por primera vez en mucho tiempo y apoyó sin reservas la realización de un minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria, un acto simbólico que fue propuesto por la Presidencia y fue secundado por todos los grupos parlamentarios en repulsa a los actos de acoso escolar que tienen lugar en Andalucía.