Jornada sobre las concesiones administrativas de ámbito local en el Instituto de Estudios Cajasol

El Instituto de Estudios Cajasol ha ofrecido una jornada a cargo de Juan Antonio Carrillo Donaire, catedrático de Derecho Administrativo y consejero del Consejo Consultivo de Andalucía, que ha analizado el nuevo contrato de concesión administrativa y las ventajas e inconvenientes de los actuales instrumentos jurídicos

destinados a garantizar el servicio a los ciudadanos en el ámbito local. La Jornada ha sido coordinada por Fernando Rodríguez Villalobos, ex presidente de la Diputación de Sevilla, y Pedro Rodríguez Delgado, director general en Aljarafesa.

El Instituto mantiene así en junio su programa de actividades para profesionales, centrado en la actualización continua de diferentes ámbitos.

Juan Antonio Carrillo ha expuesto las que considera principales causas del fracaso de la concesión explicado que “desde la desaparición en nuestro ordenamiento del tradicional contrato de concesión de servicios públicos, tan útil en el ámbito local para la gestión de las competencias sobre servicios básicos, la figura del nuevo contrato de concesión de obras o de servicios no es del todo adecuada para desarrollar aquellas finalidades, pues exige a las concesiones la aprobación de un estudio de viabilidad económico-financiero y la justificación de que se traslada efectivamente un riesgo operacional al contratista”.

Según Donaire, “servicios que antes se gestionaban por el contrato de gestión de servicios públicos en el ámbito local han de transitar, a veces con dificultades, a esta nueva figura; o bien transformarse en contratos de servicio simples, a los que resultaría de aplicación el régimen jurídico que ha de garantizar el cumplimiento de las finalidades y los principios del servicio público que permiten atender las necesidades de la ciudadanía en términos de regularidad, universalidad e igualdad”.

“Por otra parte”, expone,”en la práctica se está observando un movimiento, a veces jurídicamente cuestionable, hacia la utilización de los negocios jurídicos patrimoniales, a través de autorizaciones y concesiones demaniales, para gestionar servicios públicos tradicionales, lo que supone una forma de “huida” de la legislación de contratos públicos”.