«No soy un terrorista, solo quiero recuperar mi medio de vida»

En Arroyo Don Gil, en el municipio de Moguer (Huelva), la única finca en la que no se puede sembrar nada de frutos rojos es la de Francisco Domínguez y su familia. Solo son 4 hectáreas de terreno a unos 20 kilómetros del Parque Nacional de Doñana. A su alrededor todo son invernaderos. Casi 200 hectáreas. En 2014 no le quedó más remedio que acatar una nueva ley que decía que su suelo, el que venían cultivando durante décadas sus padres primero, y él y sus hermanos luego, dejaba de ser regable. Su concesión de aguas en superficie expiró y su proyecto de vida, de un día para otro, terminó.

Para su familia, como para otras muchas instaladas en la denominada Corona Norte –en los municipios de Lucena, Almonte, Rociana, Bonares y Moguer–, la proposición de ley que el PP y Vox han elevado al Parlamento andaluz es la «última esperanza» de recuperar el que ha sido su «medio de vida» siempre o recuperar parte del uso de las tierras que poseen. Francisco y su hermano dejaron la tierra «parada» hasta recibir un nuevo permiso que imaginaban a corto plazo. Al ver que no se solucionaba el problema tuvieron que buscarse la vida trabajando en el campo para terceros. «Nunca podíamos esperar lo que pasó. No puedes imaginar que una finca cultivable durante 20 años se te pare en seco», se lamenta.

Cuando se aprueba en 2014 el Plan de la Corona Norte, Francisco tiene asignada agua de la comunidad de regantes. Pero pocas semanas después de negociar la Junta de Andalucía las zonas regables, y en aplicación de la ley forestal, se utiliza una planimetría de 1992 cuya foto fija deja fuera su parcela de la zona de regadío porque en ese momento no tenía cultivo.

«Mi padre se llevó 50 años trabajando y luchando por esto –continúa–, sus hijos queríamos seguir adelante. Parar así, en un sector que requiere una inversión fuerte, no fue fácil, pero tuvimos que buscarnos las habichuelas para seguir adelante. El amor propio no da de comer». Francisco está dolido y desconfía de todo. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado le ha dado un halo de esperanza. «Los políticos nos tratan como si fuésemos terroristas o etarras, como si estuviésemos destruyendo Doñana, pero el agricultor es el que mejor conoce el campo, el que le da lo que le pertenece. Somos los verdaderos garantes de la protección del monte», dice.

Antonio José Montoro es amigo y asesor en esta batalla con las administraciones que dura ya demasiado. «Estamos en una comarca que no puede desarrollar ni la industria ni el turismo; la economía primaria es la que permite subsistir a estos municipios. Las personas que tienen espíritu emprendedor lo que tienen son los frutos rojos que, por suerte, han ido creciendo y les han dado un sustento económico».

La imagen de Francisco se aleja mucho de la del terrateniente andaluz millonario. «¿Cómo voy a ser yo rico? ¡Estamos hablando de 4 hectáreas! Tratamos de dar el mayor bienestar a nuestras familias. Esto ya lo tenían mis padres y yo lo que quería era seguir usando el patrimonio que me dejaron», afirma aún sin entender una situación kafkiana. «¿Quién me compensa a mi y a mi familia estos años de pérdidas? Es fácil decir aquí no se siembra más, búsquese la vida. No veo correcto que donde hay 200 has, la única que no hay sembrada sea la mía», reflexiona.

La ley que respalda la Junta de Andalucía le permitiría seguir con la actividad que siempre ha querido: «Trabajar para ti mismo y seguir luchando por algo que te han cortado. No veo lógico lo que han hecho». La plataforma acoge a centenares como él, a los que el Gobierno de Pedro Sánchez demoniza. «Ahora se está conociendo este problema. No sé si es porque se acercan las elecciones, pero si se aprueba la propuesta al menos recuperaría algo que le han quitado», explica Montón, que niega que los agricultores hayan sido engañados por el PP como sostiene la vicepresidenta Teresa Ribera. «A nosotros nos engañaron en 2014. Este hombre estaba cultivando y de buenas a primera le dijeron: ‘te quedan dos meses de agua; tu finca se ha convertido en forestal de la noche a la mañana’; y le cerraron el grifo», recuerda Montoro.

La proposición de ley es para Francisco el fin de una «injusticia» y «el último cartucho» porque «si no sale, no tengo finca», aunque ha seguido pagando el canon sobre la parcela como regadío porque no quería perder el derecho que tenía. «Cuando de una vez por todas organicen el territorio podremos definir el impacto que tenemos sobre Doñana –añade Montoro–; lo que queremos es agua superficial. Se está generando una alegalidad que está perjudicando al acuífero. Él nunca ha regado de pozo sino con agua superficial. En el momento que se la quitaron, no ha podido seguir. No se podía arriesgar a que le sancionaran con un dinero que no tenía», aclara.

Si aprueban la ley, Francisco tendrá que esperar a que llegue el agua del trasvase pero al menos no habrá perdido su tierra. «Somos nosotros mismos los que nos queremos responsabilizar del consumo del agua, pero organicen el territorio», claman ambos.

Huelva es una de las provincias en las que más llueve de España. Cuenta con recursos hídricos, pero no con infraestructuras para llevar el agua. Este año se han desembalsado 210 hm3, más de lo que se ha recogido aunque el Gobierno no autoriza la presa de Alcolea, parte de la solución.

El asesor de Francisco, además, mantiene que a los agricultores, con el actual precio de la luz, les es más rentable el agua en superficie que sacar la de los pozos que se nutren del acuífero del parque: «Si echas los números el agua superficial es mucho más económica que el agua subterránea por los kilovatios que necesitas».

«Que vengan, se ensucien los pies y vean nuestra forma de vida; lo que estamos viendo es un Sálvame Deluxe

En el entorno de Doñana hay 9.500 hectáreas de frutos rojos que requieren agua superficial. Ahora se intenta regularizar la situación de 800 has –eran legales hasta 2014– que requieren 3,5 hm3 al año como máximo, algo que califican como «insignificante» cuando llega a haber 40 hm3 ociosos procedentes de aguas regeneradas. «Primero, que nos ordenen el territorio y, luego, ya presionaremos para las infraestructuras», insisten. No todos han tenido la suerte de encontrar otra salida en el campo. «Hay quien se ha puesto a vender castañas en la puerta del Mercadona al no soportar la presión. Prefieren eso a estar perseguidos». A nivel nacional, la situación ha desvariado por falta de conocimiento del tema. Incluso en redes sociales se propone un «boicot» a la fresa. «Esa mala prensa lo hemos tenido siempre por desgracia. En el momento en que aparecen otras zonas productivas a nivel europeo, el lobby de esas zonas ejerce más presión que nosotros... Pero es que ahora no necesitamos enemigos europeos, somos nosotros mismos. Eso supone un daño atroz a una campaña corta por las restricciones provocadas por la sequía», se sincera Montoro, que no se cansa de repetir que «la fresa no pide agua ilegal, eso es mentira». El sector fresero de Huelva es uno de los más avanzados que existen. Protocolos de calidad, producción integrada, límites de residuos... La primera finca certificada de huella de nitrato está en Huelva, en uno de los municipios que pertenece a la plataforma. Los agricultores siempre van un paso por delante porque saben que les se pone la lupa.

Si pudieran dirigirse a Pedro Sánchez, le pedirían «que vengan, se ensucien los pies y vean nuestra forma de vida. Lo que estamos viendo es un Sálvame Deluxe, que es lo que vende. Sabemos que queda mucho por hacer, no somos santos. Ojalá en el futuro pusiéramos el sello de Doñana en la caja porque sería un valor añadido, pero para hacer eso, que nos den el agua superficial».