PP y Vox unen sus fuerzas en la recta final de la legislatura andaluza

En la recta final de la legislatura PP y Vox se han puesto de acuerdo para la renovación de uno de los cargos de extracción parlamentaria. Se trata del director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, una responsabilidad que ahora ostentará el magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano, al reunir su candidatura un total de 67 votos, que superan el equivalente a los tres quintos de la Cámara necesarios para la elección en primera votación. La aritmética le es favorable al PP al tener mayoría absoluta, concretamente 57 diputados. De esta manera, ha podido sacar adelante los Presupuestos y otras leyes sin ninguna dificultad. Sin embargo, para algunos nombramientos es necesario una mayoría más amplia y aquí entra en juego la negociación. Ha sido el caso del director de la Oficina Antifraude –la votación ha sido secreta pero todo hace indicar que Vox ha prestado los sufragios necesarios– y lo será dentro de dos semanas con la renovación de la Defensoría del Pueblo, un cargo para el que el PP propone a la actual presidenta de la Cruz Roja en Andalucía, Rosario García Palacios. Todo apunta a que PP y Vox volverán a unir sus fuerzas, aunque el partido de Abascal insiste en que el acuerdo no está cerrado.

Las formaciones de izquierda mostraron su desacuerdo. Por Andalucía fue el partido que más alzó la voz, criticando que no se han respetado «ni siquiera las propias indicaciones que dio la Mesa» sobre los candidatos, ya que Sánchez Zamorano pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y uno de los requisitos que la ley establece es que no se puede formar parte de ninguna asociación para ocupar ese puesto, según aseguró la portavoz de la formación, Inmaculada Nieto.

En este sentido, apuntó que esta circunstancia no fue aportada en la documentación que el aspirante presentó a la Cámara para hacer valer su candidatura, una de las razones por las que Por Andalucía solicitó esa «reconsideración en términos reglamentarios y jurídicos». «Se han producido gruesas deficiencias en la tramitación y algunas omisiones que nos preocupan», remarcó Nieto, añadiendo que «el proceder político del PP es un auténtico desastre».

Por su parte, Adelante Andalucía lamentó la falta de consenso en este proceso. La portavoz adjunta de la formación, Begoña Iza, señaló que hay una persona «puesta a dedo» por el PP, por lo que hay que preguntarse «qué credibilidad y legitimidad tiene ahora mismo este partido para hablar de corrupción, ya que el PP se va a cargar la Oficina Antifraude».

Sánchez Zamorano sustituye así en el cargo a Marta Blázquez, letrada de la Junta que ocupaba el puesto desde que su anterior responsable, Ricardo Puyol, presentara su renuncia en junio del pasado año tras el acuerdo entre PP y PSOE para evitar que los magistrados regresen a sus plazas hasta dos años después de cesar como cargos públicos.

Nacido en Carcabuey (Córdoba) en 1957, Francisco de Paula Sánchez Zamorano es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (promoción 1974/1979) y magistrado. Ha sido hasta hace unos días presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, cargo al que accedió en noviembre de 2014, y ha sido miembro electivo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (1995-1999).

Asimismo, ha sido colaborador honorario del departamento de Instituciones Jurídicas Públicas y Privadas de la Universidad de Córdoba; profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba, y miembro numerario de la ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico Jurídicos. Sánchez Zamorano presenció la votación en la tribuna de invitados de la Cámara andaluza.