El PP exige celebrar las elecciones agrarias el 17 de julio y acusa al consejero de “enfrentar al sector primario”

El diputado del Partido Popular de Asturias, Luis Venta Cueli, ha exigido hoy “la celebración de las elecciones agrarias el próximo 17 de julio con rigor y garantías para todos los potenciales electores, en un proceso transparente ajustado a derecho” y ha acusado al consejero de Medio Rural del Gobierno asturiano de “judicializar todo lo que toca y enfrentar al sector primario”.

“El consejero sólo genera conflicto y caos con su gestión alrededor de las elecciones agrarias. Todo lo que toca genera un problema que acaba judicializándose y, en muchos casos, por vulnerar los derechos fundamentales. Hace quince días decidieron intervenir el Consejo de IGP Ternera Asturiana en contra del Consejo Regulador poniendo una gestora el frente y suspendiendo el proceso electoral, toda una cacicada que ya está judicializada exigiendo medidas cautelares a través de un contencioso administrativo. Y ahora se abre otro proceso entorno a un censo ficticio que no se acomoda a todos los que tienen que votar y que, legítimamente, han recurrido las organizaciones agrarias por no respetar el acceso a las urnas”, explica Venta.

“No puede permitirse que cada decisión del responsable del Medio Rural en Asturias acabe en una polémica y en un contencioso. Esto sólo demuestra la forma de gobernar, sin diálogo, buscando el enfrentamiento entre la Administración y los administrados, al más puro estilo Sanchista, al más puro estilo autocrático, un ejemplo más del Gobierno de Adrián Barbón haciendo seguidismo al número uno”, afea el diputado.

Elecciones tras veintitrés años

Venta defiende que “es muy importante que después de 23 años los ganaderos y agricultores elijan a sus representantes en el Consejo Agrario, pero no lo es menos que se permita la participación en este proceso a todos aquellos que tienen derecho a hacerlo”.

“A día de hoy las elecciones al campo asturiano están judicializadas, pendientes de recursos de organizaciones agrarias que, de prosperar, sólo dejan una puerta al consejero: su dimisión inmediata”, adelanta.

“La Consejería debe solucionar este problema para que las elecciones tal y como estaban previstas -reitera-, no pueden quedar personas sin ejercer su derecho a voto, y no podemos ser el hazmerreír de toda España, convocando elecciones para que, si prosperan recursos en los juzgados, se tengan que repetir”.

Luis Venta lamenta que “después de 23 años” el Gobierno de Adrián Barbón con el consejero al frente de este asunto “está manchando un proceso que debería ser motivo de satisfacción para todo el sector”. Muy al contrario, subraya, “lo han convertido en un proceso viciado, han logrado crear enfrentamientos y han llevado al extremo cada paso hasta conseguir judicializarlos. Y todo esto no puede salirle gratis a este Gobierno chapucero. Tal parece que es aquí, en el conflicto, donde el consejero se siente cómodo porque así es él quien sale indemne después de sembrar el enfrentamiento entre los demás”, acusa Venta.

Deberían votar más de seis mil cotizantes

Según ha indicado “existen errores detectados en el censo que recibieron alegaciones y no han sido tenidos en cuenta”. Como primer ejemplo, cita el diputado el de las Sociedades Civiles, más de 700 en Asturias: “sólo se le permite el voto a su representante, pero no pueden votar el resto de socios, generalmente familiares dados de alta en la Seguridad Social y ejerciendo la actividad agraria” en su mayoría, indica, “cónyuges de los titulares de la explotación”.

Como segundo ejemplo, señala Venta que “según los datos de la Seguridad Social, en abril había 6.077 cotizantes que, en teoría, deberían ser los electores; pues bien, los electores que figuran en el censo son 6.159 superando con creces el número de cotizantes, y si a esto le añadimos que los socios de Sociedades Civiles que cotizan como actividad agraria no están en el censo, la conclusión es que la chapuza es descomunal”.

El responsable de Medio Rural del Partido Popular de Asturias censura a “un Gobierno que no es fiable, que genera problemas, que es irresponsable en sus competencias y que toma decisiones sin rigor jurídico: su incompetencia política y su sectarismo está dejando el medio rural en un caos de gestión”.