España suspende un año más en políticas de salud sexual y reproductiva

España no llega al aprobado, un año más, en estrategias y políticas de salud sexual y reproductiva, según el Barómetro europeo sobre libre elección de anticonceptivos modernos, que critica que nuestro país haya retirado de la financiación algunos contraceptivos de última generación. El informe, que se presenta hoy en el Parlamento europeo, analiza ocho áreas políticas de 16 países de la Unión Europea y confirma "la necesidad no cubierta de mejorar el acceso equitativo a los anticonceptivos modernos a través de políticas específicas coherentes".

Al igual que en 2013, en esta segunda edición del Barómetro, España continúa teniendo una puntuación media a la baja en todas las áreas políticas (44,2 sobre 100). Así, se sitúa junto a Polonia, Bulgaria, Lituania, Italia, República Checa, Rumanía, Chipre y Lituania en el grupo de países que también suspenden.

Sólo Alemania, Holanda, Dinamarca, Francia, Suecia, Irlanda y Finlandia aprueban la evaluación global. Por áreas, España obtiene la peor puntuación en concienciación general (25) y en educación sexual (25), una materia recomendada por ley pero no obligatoria.

De hecho, la legislación no hace ninguna referencia a la educación sexual en el currículum escolar y en la práctica se imparte a iniciativa particular del profesorado durante las horas asignadas a otras materias.

Las actuales políticas de austeridad y la posición del gobierno sobre la salud y derechos sexuales y reproductivos se percibe como el mayor obstáculo para progresar en el acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos y la prevención de embarazos no planificados. La mejor puntuación la obtiene en las áreas de educación y formación de profesionales (57,9) y en la financiación de métodos anticonceptivos (57,1).

No obstante, el informe critica que el acceso de las mujeres jóvenes a la libre elección de anticonceptivos modernos varía de forma significativa entre comunidades autónomas, a lo que se añade la decisión adoptada en 2013 de suprimir algunos contraceptivos hormonales de última generación de la financiación pública.

Ello, según la Federación de Planificación Familiar Estatal, que participa en el informe, "ha añadido una carga económica a cerca de un millón de mujeres". Gracias a la adopción de un plan de igualdad de oportunidades en 2014, que desarrolla el Instituto de la Mujer, España aumenta su puntuación en relación al empoderamiento de las mujeres (desde 22 a 42).

En cuanto a prevención de la discriminación, el informe denuncia que los recortes han perjudicado los servicios de atención y asesoramiento, lo que ha tenido más impacto en los grupos más vulnerables.