Blanqueadores de revueltas

Isabel Bonig acusa a Quim Torra de haber “blanqueado” y “alentado” la violencia de los CDR

Al mirar por el retrovisor de la historia vemos que los estallidos sociales vienen provocados por factores extremos que impulsan a las personas a romper con el orden establecido. En ocasiones, sin miseria económica, sin una explosión demográfica y sin aparentes razones, también surgen. El origen de esas revueltas lo encontramos en la voracidad de dirigentes totalitarios y en políticas de ideología supremacista.

Lo sucedido esta semana –y desde hace años– en Cataluña encaja como anillo al dedo en esa descripción de políticos irresponsables al frente de la Generalitat que han alimentado el independentismo devorador de la convivencia y la concordia nacional. La lección que supuso el fracasado desafío a la nación española de hace un año, que provocó el encarcelamiento de los políticos golpistas y la espantada de otros como Puigdemont que siguen huidos de la justicia española, no ha sido aprendida por sus sucesores.

Quim Torra ha blanqueado (y alentado) las actuaciones de violencia callejera de los ya tristemente conocidos CDR. Parecería normal cortar carreteras, ocupar las vías del AVE, intentar acceder al Parlament, ultrajar símbolos nacionales en instituciones oficiales, o golpear a policías que se manifestaban en Barcelona. Y en la realidad paralela de los golpistas debe serlo pero todas esas actuaciones ensanchan la fractura social en Cataluña y trituran la normalidad democrática que los españoles se han ganado disfrutar en todo el territorio nacional.

Cualquiera podría pensar –a tenor de su parálisis– que este retrato de violencia, coacciones y extremismo no es suficiente como para tener una reacción enérgica por parte del Gobierno que encabeza Pedro Sánchez. Es inaudito que con Cataluña sufriendo la lacra independentista y exprimiendo su odio en las calles Pedro Sánchez se ponga de perfil y el número dos del PSOE, a la sazón ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tilde el terror vivido por los catalanes como “asumible”.

¿A qué esperan para recuperar el control? ¿Qué más tiene que suceder para que el Estado ampare a los catalanes? Pues ya no se sabe muy bien. Esto es lo más parecido a un estallido, una revuelta y una ausencia total de respeto a la ley. El presidente del Gobierno debe asumir sus responsabilidades y, si lo hace, el PP estará con él como siempre lo ha hecho en cuestiones de Estado y, sin duda, mantener la unidad de la nación española lo es.

El diálogo y la política que prometió para “normalizar” la vida en Cataluña han fracasado. Y era previsible porque enfrente solo hay rencor, adoctrinamiento y negación analfabeta de una nación con más de 500 años de antigüedad. ¿Qué espera Sánchez obtener de Torra? Ya ha dado todas las muestras posibles de que pretende proclamar una república catalana de manera unilateral y eso es inadmisible.

El presidente autonómico catalán cuestiona las leyes y desafía a los tribunales que condenan sus postulados mientras Sánchez sigue prisionero de los que lo encumbraron a la Presidencia y España paga el precio de esa vergonzante hipoteca.

Revela esta situación lo indigno del posicionamiento del Gobierno valenciano, con Ximo Puig y Mónica Oltra a la cabeza, a favor del diálogo con los golpistas y suavizando los efectos perniciosos del desafío independentista para Cataluña y, por ende, para España. Comparten los socialistas valencianos y los independentistas de Compromís la misma hoja de ruta de los partidos nacionalistas catalanes (actúan como blanqueadores de revueltas) y el PP, obviamente, no quiere ese final para los valencianos.

El diálogo siempre hay que practicarlo y la política es el marco en el que se deben desarrollar esos encuentros. El caso que nos ocupa, sin embargo, ya ha superado todos los límites de la deslealtad. Sánchez debe decir a los españoles a las claras qué quiere hacer para devolver la normalidad en Cataluña y su plan y discurso, que impulsa con dirigentes como Puig y Oltra, es un naufragio. Estamos peor que hace un año.

Aplicar el artículo 155 sin límite temporal ni competencial se antoja necesario para desde la recuperación del orden democrático, la convivencia pacífica y el respeto a la legalidad vigente poder avanzar en el fortalecimiento de España y la atención a todos los catalanes.

Si dilatamos la intervención del Estado el deterioro puede ser mayor y, si no irreversible, sí más difícil de restañar las heridas. En la Comunidad Valenciana seguimos con desazón esta abdicación del poder por parte de Pedro Sánchez porque aquí tenemos dirigentes como Oltra que ya han cuestionado esta legislatura abiertamente las sentencias de los tribunales que no les dan la razón.

Ella, junto a Puig, han comenzado un proceso de adoctrinamiento en las aulas, han regado millonariamente a entidades independentistas catalanas y también amparan muestras culturales donde se ensalza la causa golpista y se vilipendia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Es el comienzo de un camino tenebroso que no estamos dispuestos a recorrer y por eso exigimos en Cataluña una pronta aplicación del artículo 155 y en la Comunidad Valenciana que quienes cuestionan el Estado de derecho rectifiquen o que abandonen las instituciones en las que parecen no creer. Los valencianos en las urnas demostrarán que han elegido el trayecto equivocado.