En los mapas de Bruselas, Canarias es un margen. En el radar migratorio, es un parpadeo constante. Con ese telón de fondo, el Gobierno autonómico ha movido ficha y ha remitido a la Comisión Europea una propuesta para que la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) deje de ser un actor de paso en el Archipiélago y se convierta en presencia estable, con más personas y más medios, y con un mandato que no termine en la puerta de los CATE.

“Reclamamos una mayor presencia de la toma de decisiones de las regiones, de efectivos del Frontex, y una mayor presencia de las instituciones europeas en políticas de cooperación y desarrollo para poder gestionar un flujo migratorio que continuará”, defendió el presidente Fernando Clavijo. Es una petición con destinatario doble: Bruselas, que está revisando la normativa de Frontex; y Madrid, que decide cuándo y cómo pide a la agencia que despliegue más allá de lo que ya hace.

Lo que Canarias quiere

La propuesta llega aprovechando la consulta abierta por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior para actualizar el reglamento del cuerpo europeo. El documento canario pide:

• Más músculo operativo: aviones, embarcaciones, radares y sistemas que mejoren la vigilancia marítima y fronteriza, adaptados al entorno insular.

• Mandato ampliado: que Frontex no se limite a apoyar identificaciones en los CATE, sino que coopere en vigilancia y salvamento tanto en costas canarias como en aguas de países de origen y tránsito de África occidental.

• Protocolos SAR claros: coordinación específica con Salvamento Marítimo, respetando competencias estatales, pero asegurando una operación conjunta real cuando hay vidas en riesgo.

• Voz para las regiones: participación de los gobiernos autonómicos en la planificación operativa; al fin y al cabo, son quienes gestionan sanidad, educación y servicios sociales cuando se producen picos de llegadas.

• Enfoque ultraperiférico: un traje normativo a medida para territorios como Canarias, con presión sostenida, logística limitada y vulnerabilidad insular.

• Formación en derechos fundamentales: especial atención a acceso a protección internacional y a personas vulnerables (menores -incluidos los no acompañados-, personas con discapacidad, mayores, mujeres potenciales víctimas de violencia de género).

El contexto que aprieta

La Ruta Atlántica no ha dejado de latir. Entre 2023 y 2024 llegaron más de 87.000 personas por mar al archipiélago, un volumen que explica el estrés en la acogida y en la primera atención. Hoy, más de 5.000 menores no acompañados están tutelados en 82 dispositivos repartidos por las islas. Y el último análisis de riesgos 2025-2026 de Frontex anticipa que la presión seguirá alta: inestabilidad en el Sahel, crisis humanitarias, recortes de ayuda y la instrumentalización de los flujos por actores estatales y no estatales.

La fricción pendiente

Sobre el papel, el despliegue reforzado de Frontex exige una solicitud del Estado miembro. El Gobierno canario recuerda que, en esta legislatura, ha pedido “ir mucho más allá” y que Interior harechazado cursar esa petición. Según la versión autonómica, el propio comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración lo trasladó a Clavijo en una reunión el 21 de enero en Estrasburgo. Sin petición estatal, no hay operación ampliada. De ahí que Canarias aproveche la reforma del reglamento para blindar un margen de actuación que permita controlar la Ruta Atlántica y salvar vidas

Qué se juega la UE y Canarias

La discusión no es solo de patrullas y radares, es de gobernanza. Si Bruselas incorpora lo que pide Canarias, Frontex pasará de ser un “refuerzo técnico” en tierra a un actor integrado en el SAR, con toma de decisiones compartida y una lógica territorial para las regiones ultraperiféricas. Si no, el archipiélago seguirá haciendo equilibrios entre la emergencia humanitaria, la gestión de fronteras y las competencias que desbordan su perímetro.