Un juez determina que no existe criminalidad en la ocupación del hotel de lujo en el sur de Tenerife

La problemática de la okupación ilegal continúa ganando terreno en Canarias, y, especialmente, en Tenerife. En el municipio de Adeje se ha registrado uno de los casos más significativos de los últimos años. Unas 300 personas, según estimaciones de diversos medios locales, han ocupado el antiguo Hotel Callao Sport, un complejo turístico clausurado desde hace aproximadamente cuatro años y que en su día estuvo enfocado en el ocio y el deporte.

El edificio, en completo estado de abandono, ha sido transformado en un asentamiento ilegal. En su interior habitan ahora familias con menores e incluso mujeres embarazadas. La situación, que comenzó como una ocupación puntual, ha escalado hasta convertirse en lo que los vecinos califican como una fuente constante de "inseguridad" y "molestias".

La propietaria del inmueble, Margarita Domínguez, ha denunciado en reiteradas ocasiones la gravedad del asunto ante las autoridades, sin obtener hasta ahora una solución efectiva. En declaraciones a RadioClub Tenerife, Domínguez sostiene que “todo fue orquestado desde el principio”, y asegura que el hotel se ha convertido en un negocio ilegal: “Venden habitaciones por hasta 3.000 euros. Algunos solo vienen para pasar un fin de semana, otros se quedan indefinidamente. Han montado cocinas improvisadas con bombonas de gas dentro de las habitaciones”.

A su vez, acusa a los okupas de comercializar bienes del hotel a través de Internet y afirma haber agotado todas las vías legales disponibles. En su intento por recuperar el inmueble, contactó con la Guardia Civil, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), e incluso con empresas especializadas en desocupación, como Desokupa, que requería una solución habitacional para los ocupantes antes de actuar.

Según ha podido confirmar también la Cadena COPE Canarias, la presencia de los okupas ha generado una creciente preocupación entre los residentes de Callao Salvaje. Varios vecinos han expresado su temor por el aumento de altercados y aseguran sentirse inseguros. “Muchos no parecen personas vulnerables, sino gente que ha sido convocada”, señalaba uno de ellos para el mencionado medio, haciendo alusión a que la mayoría son extranjeros, especialmente de origen sudamericano.

A pesar de las denuncias, la respuesta judicial ha sido limitada. Un magistrado ha desestimado la posibilidad de aplicar medidas cautelares como el desalojo preventivo, alegando que no existe criminalidad suficiente para justificarlo. La jueza exige, además, la identificación individual de todos los okupas antes de actuar, un proceso complejo dado que su número ronda los 300 y su presencia en el lugar es intermitente, asegura Domínguez para Radio Club Tenerife.

“La ambulancia solo puede entrar escoltada por la Guardia Civil cuando hay altercados”, explica la propietaria, quien también ha informado que se ha interpuesto un recurso judicial. Sin embargo, "no tengo demasiadas esperanzas de que prospere", ya que el caso continuará bajo la supervisión del mismo juez.